Crisis en Alicante: Dimisiones por el escándalo de las Viviendas de Protección Pública
Las tensiones en el Ayuntamiento de Alicante aumentan tras la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, en medio de las controversias sobre la adjudicación de viviendas Las Naus, un proyecto polémico que involucra suelo público.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, aclaró que la Generalitat no tiene ningún vínculo con la adjudicación de estas viviendas, las cuales son gestionadas por cooperativas. La información desatada por este caso ha llevado a Gómez a optar por dejar su cargo para facilitar el curso de la investigación, mientras se encuentra de baja por maternidad.
Contexto de la crisis
Rocío Gómez, quien entró en política en 2023 tras inscribirse en una cooperativa para acceder a uno de los pisos en la Playa de San Juan, ha enfrentado un creciente cuestionamiento debido a su implicación en el caso. Ella ha presentado toda la documentación requerida por las autoridades, pero la sombra de la sospecha persiste. Su renuncia se suma a la de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, quien también ha dejado su cargo este mismo día.
La posición de la Generalitat
Camarero enfatizó que la intervención de la Conselleria en la adjudicación de estas propiedades se limita a verificar que los compradores cumplen con los requisitos normativos. Esta revisión inicia con los técnicos del Servicio Territorial y es luego aprobada por la Dirección Territorial. Según la consellera, todos los adjudicatarios cumplían con los criterios económicos y de propiedad, aunque se llevará a cabo un segundo análisis para confirmar la validez de la información presentada por los compradores.
Tipos de viviendas protegidas
Desde la Generalitat, se explica que existen diferentes procedimientos de adjudicación según la tipología de las viviendas. En primer lugar, encontramos la vivienda de promoción pública, manejada por la entidad pública Evha y regulada por el decreto de vivienda pública 68/2023. Estas viviendas buscan atender a las necesidades de la población más vulnerable, con requisitos más estrictos.
Por otro lado, las viviendas de promoción privada son impulsadas por empresas o cooperativas y están regidas por el decreto 180/2024. En este caso, la responsabilidad de la construcción y comercialización recae en el promotor, mientras que la administración se encarga de verificar los estándares de protección y los requisitos de los potenciales propietarios.
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