Julio Iglesias: La Fiscalía Archiva la Denuncia por Acoso Sexual y Trata
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido poner fin a las denuncias presentadas por dos extrabajadoras de Julio Iglesias, quienes lo acusaban de agresiones sexuales y otros delitos. Esta decisión despierta curiosidad y debate sobre la jurisdicción de los tribunales españoles en casos internacionales.
La decisión del fiscal se basa en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados, ya que se relacionan con sucesos ocurridos fuera de España. En su argumentación, se señala que el país no puede actuar sobre delitos cometidos en el extranjero sin vínculos significativos al territorio español.
Contexto de las Acusaciones
La controversia comenzó el 5 de enero, cuando ambas mujeres denunciaron al famoso cantante, alegando que sufrieron agresiones y acoso sexual mientras trabajaban en las residencias de Iglesias en Punta Cana y Bahamas entre enero y octubre de 2021. Esta información fue revelada por las plataformas Eldiario.es y Univision, tras una investigación de tres años.
Posible Testimonio Protegido
En una rueda de prensa, las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional informaron que las denunciantes iban a ser llamadas a declarar como testigos protegidos. Según sus abogadas, las pruebas recogidas podían ser suficientes para tipificar delitos como la trata de personas y las agresiones sexuales, además de violaciones a los derechos laborales.
Reacción de Julio Iglesias
Poco después de que surgiera la noticia, Julio Iglesias utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones. En su defensa, subió conversaciones de WhatsApp con las denunciantes, argumentando que su relación era cordial. Su abogado, José Antonio Choclán, también se dirigió a la Fiscalía, argumentando que no tenían competencia en el caso y solicitando acceso a las denuncias, afirmando que eran de conocimiento público.
Decisión de la Audiencia Nacional
Finalmente, la Audiencia Nacional determinó archivar la denuncia, resaltando la falta de conexión del caso con el sistema judicial español. La decisión es un recordatorio de la complejidad de los casos de agresiones y la importancia de la jurisdicción en el ámbito internacional.
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