Durante una conferencia de prensa, Vallejo subrayó que «sin digitalización, es imposible llevar a cabo esta normativa», resaltando que hay actualmente 110.000 expedientes civiles activos en Barcelona. La falta de recursos, tanto humanos como materiales, presenta un gran desafío para esta transición.

<h2>Propuesta de implementación gradual</h2>

<p>La ley de eficiencia comenzará su aplicación en Barcelona el 31 de diciembre y se trata de la tercera fase de una normativa más amplia, que se implementará también en localidades como Girona, Lleida y Tarragona. Vallejo aboga por una puesta en práctica "progresiva", iniciando en jurisdicciones mercantiles, seguidas por las de familia y discapacidad, antes de expandirse a la jurisdicción civil. Sin embargo, considera la implementación en la jurisdicción penal como compleja hasta que se complete el proceso de digitalización.</p>

<h3>Requerimientos esenciales para la implementación</h3>

<p>Además, la decana hizo hincapié en la carencia de "los 55 jueces prometidos", así como en la necesidad de aumentar los recursos económicos y el personal disponible. Aunque se ha detectado un problema con funcionarios interinos y auxiliares en otras jurisdicciones que ya están en la fase 2, Vallejo agradece que se estén solucionando estos inconvenientes mediante el diálogo con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Conselleria de Justicia.</p>

<h2>Reunión clave con el Ministro de Justicia</h2>

<p>El próximo encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se centrará en evaluar la implementación de la nueva norma. Esta ley transformará los juzgados en tribunales de instancia en cada partido judicial catalán, facilitando una oficina judicial que brindará apoyo a una estructura organizada que reemplazará a los antiguos juzgados.</p>

<h3>Desafíos en la comarcalización de juzgados de violencia de género</h3>

<p>Por último, Vallejo destacó problemas en la comarcalización de jueces de violencia de género, utilizando el caso de Vilafranca del Penedès como ejemplo. En esta localidad, los agresores sexuales detenidos serán atendidos en la comisaría local, pero los procedimientos judiciales se llevarán a cabo en Vilanova i la Geltrú. La ausencia de abogados en Vilafranca para atender a víctimas representa una amenaza para el acceso a la justicia, enfatizó Vallejo.</p>