Nuevos Avances en la Investigación de Contratos Sanitarios en Cádiz: ¿Malversación en la Junta?
La investigación sobre el presunto fraccionamiento de contratos sanitarios en Cádiz ha dado un giro significativo. El juez encargado del caso ha decidido llamar a declarar a dos altos funcionarios del Servicio Andaluz de Salud en medio de acusaciones de malversación que podrían ascender a cifras millonarias.
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz ha identificado como investigados al exgerente del Hospital Puerta del Mar, Sebastián Quintero, y al jefe de compras del SAS en la provincia, Demetrio González. Esta decisión surge a raíz de la solicitud del PSOE de Andalucía, que argumenta que las acciones de estos funcionarios podrían constitutir un delito de malversación.
Detalles de la Investigación
Desde finales de 2024, el tribunal está revisando la adjudicación de contratos menores por parte de la central provincial de compras del SAS. Se sospecha que los funcionarios de la Junta pueden haber malversado hasta 235 millones de euros al fraccionar artificialmente contratos en 2021. La causa fue iniciada tras una querella presentada por Podemos, a la que el PSOE se sumó al considerar que hubo un posible delito de prevaricación.
Intervención del Estado
En el marco de esta investigación, el juez ha solicitado a la Intervención General del Estado que evalúe la legitimidad de los contratos fraccionados otorgados por el gobierno andaluz. La finalidad es esclarecer si estas decisiones eran legales o si existieron irregularidades evidentes.
Contexto de la Diligencia Judicial
La providencia del juez de Cádiz fue emitida el mismo día en que otro magistrado en Sevilla cerraba un caso relacionado con la contratación de emergencia por el gobierno de Juan Manuel Moreno, que totalizaba 242 millones de euros. En su resolución, el juez sevillano dictaminó que no había indicios suficientes para sostener que existió abuso de poder en la adjudicación de estos contratos.
Añadidos de la Intervención del SAS
La Intervención del SAS había señalado previamente irregularidades en las prórrogas de los contratos de emergencia que se extendieron desde 2020 hasta 2024. En particular, se advirtió que algunos contratos menores otorgados durante 2020 y 2021 habían sido fraccionados con el fin de evitar la concurrencia competitiva y la publicidad necesaria, lo que potencialmente hace que estos procedimientos sean cuestionables.
Investigaciones Similares en Otras Provincias
El modus operandi observado en Cádiz también ha captado la atención del Juzgado de Instrucción Número 4 en Córdoba. Allí, el PSOE de Andalucía ha presentado una querella que involucraría 573 expedientes de contratación de clínicas, farmacéuticas y empresas de servicios sanitarios, encontrando varias irregularidades documentadas entre 2020 y 2021.
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