La pesquisa sobre el uso del software espía Pegasus contra altos funcionarios del Gobierno español ha encontrado un obstáculo significativo: la falta de respuesta de Israel. El juez Calama ha expresado su frustración, indicando que los intentos de colaboración han sido ignorados, lo que impide avanzar en la investigación.

Un Caso de Espionaje que Perturba a la Administración Española

La investigación se originó en mayo de 2022 luego de la denuncia de la Abogacía del Estado, tras descubrir que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus. Estos ataques incluyen cinco incidentes en el dispositivo del presidente y varias intrusiones en los móviles de otros ministros como Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

El Silencio de Israel y sus Consecuencias

A pesar de los esfuerzos del magistrado para identificar a los responsables del hackeo, la falta de respuesta de Israel ha sido constante. El juez ha afirmado que desde mayo de 2022 ha emitido diversas solicitudes, sin obtener información o respuesta alguna, incluso luego de insistir en varias ocasiones durante los últimos dos años.

Colaboración Internacional y Desafíos Legales

Calama ha subrayado que este tipo de desatención contraviene varios acuerdos internacionales que Israel ha ratificado. La ausencia de cumplimiento no solo pone en jaque la investigación sino que también afecta a la cooperación judicial entre naciones, fundamental en casos de este tipo.

Reapertura del Caso y Nuevas Esperanzas

En abril de 2024, la Audiencia Nacional reabrió el caso tras recibir información relevante de Francia sobre incidentes similares. Sin embargo, un nuevo pedido de colaboración dirigido a Israel también fue desestimado. Este escenario ha dejado al juez sin pistas claras sobre los autores de los delitos, a pesar de indicios de violaciones graves a la seguridad estatal.

Implicaciones de un Espionaje No Resuelto

La incapacidad para identificar a los posibles responsables y entender la magnitud de la información comprometida sigue siendo una gran preocupación. Para Calama, esta situación no solo representa un fracaso investigativo, sino que también socava la seguridad del Estado español.