El Consejo de Ministros ha ratificado un compromiso de gasto que asciende a 71.369.269,41 euros (IVA incluido) para la renovación del contrato de gestión del servicio. Este monto, que se destinará a la nueva licitación, se sitúa casi 30 millones de euros por encima de lo pagado a la anterior adjudicataria, la UTE Vodafone-Securitas, cuyo contrato se cerró por 42,6 millones de euros.

Mejoras Técnicas para Prevenir Incidencias

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su compromiso por evitar futuras fallas en el servicio. En declaraciones previas, aseguró que el nuevo contrato incorporará “mejoras técnicas” para garantizar su eficacia.

Problemas en la Migración de Datos

Durante el traspaso de información de una adjudicataria a otra, se reconoció la pérdida temporal de datos sobre quebrantamientos de órdenes de alejamiento, un hecho grave que afectó la presentación de pruebas en casos de violencia de género. Además, se registraron denuncias por errores en la geolocalización y en la duración de la batería de los dispositivos.

Repercusiones Políticas y Nueva Licitación

Los problemas en el servicio llevaron a la ministra Redondo a enfrentar una reprobación en el Congreso y una moción en el Senado pidiendo su destitución. Cabe recordar que el contrato actual, que vence en mayo, fue adjudicado anteriormente durante la gestión de Irene Montero, quien no obtuvo propuestas de otras empresas que consideraron la licitación poco rentable.

Aspectos Financieros del Nuevo Contrato

La asignación de 71 millones de euros surge como una modificación de los límites presupuestarios establecidos, permitiendo que el Ministerio de Igualdad tramite nuevos expedientes de gasto. De esta suma, 59.280.321 euros se destinarán a los servicios de seguimiento, telecomunicaciones y operación, mientras que 12.088.947 euros serán utilizados para la adquisición de nuevos dispositivos.

Fiscalización del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas realizará un seguimiento del cumplimiento y gestión del contrato. Se planea analizar la eficiencia del sistema tras las deficiencias detectadas el año pasado y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.