Gobiernos Modernizan los Requisitos de Publicidad Institucional en Medios
El Ministerio de Transformación Digital presentará un innovador anteproyecto de ley que transforma la publicidad del sector público. Este cambio no solo impacta en los medios que recibirán dichas campañas, sino también en las condiciones que regirán su distribución.
Una de las medidas más destacadas de esta nueva normativa es la limitación del 35% en los ingresos de cualquier medio proveniente de publicidad institucional. Esto incluye a todas las administraciones, ya sean locales, autonómicas o centrales.
Según lo informado por EL ESPAÑOL-Invertia, el anteproyecto también introduce un sistema que otorga al Gobierno mayor control sobre las campañas publicitarias dirigidas a medios.
En este nuevo esquema, las agencias de medios perderán protagonismo, priorizándose la calidad de los espacios publicitarios. Además, las redes sociales quedarán excluidas de la planificación publicitaria institucional.
Este marco se enmarca dentro del Plan de Acción por la Democracia presentado en septiembre de 2024, el cual ha tenido una implementación lenta hasta el momento.
Una de las aspiraciones del proyecto es establecer un registro de medios, donde se reflejen la propiedad, los órganos de gestión y los orígenes de financiación de diarios, radios y televisiones.
La nueva ley busca mejorar la eficacia y eficiencia de la inversión en comunicación, garantizando una cobertura óptima para que los mensajes sean verdaderamente efectivos.
El Ejecutivo también pretende equilibrar las restricciones impuestas por algunos sectores con la liberalización que otros demandan, todo en cumplimiento con la regulación europea vigente desde agosto.
Controversias en el Marco Legal
La limitación del 35% en la publicidad institucional ha suscitado debate. El Gobierno argumenta que es esencial para evitar que medios de comunicación vivan exclusivamente de fondos públicos.
Sin embargo, críticos de la norma indican que su verdadero propósito es debilitar a los medios críticos que dependen de ingresos públicos en administraciones tradicionalmente asociadas al Partido Popular (PP).
Esta regulación se aplica a toda la Administración pública, abarcando no solo comunidades autónomas y ayuntamientos, sino también empresas públicas como Renfe, Correos y Adif.
Desde el Gobierno consideran que el límite del 35% no afectará significativamente a los medios consolidados, que en su mayoría obtienen ingresos a través de publicidad y acuerdos privados.
Cambio en el Reparto Publicitario
Uno de los aspectos más relevantes de esta norma es cómo se distribuirá la publicidad. Según el Gobierno, el actual sistema gestionado por centrales de medios no alcanza los objetivos deseados.
Así, un mayor control será implementado, permitiendo que el departamento encargado defina dónde y cómo se harán las apariciones publicitarias, basándose en criterios de confiabilidad y segmentación.
Se prevé que las redes sociales ya no sean un destino prioritario para la publicidad institucional, opción que había sido adoptada en los últimos cinco años.
Uso de Plataformas Sociales
El Gobierno preferirá que los medios utilicen sus propios canales en plataformas como YouTube e Instagram para difundir publicidad institucional, en lugar de destinar recursos directamente a estas redes sociales.
Sin embargo, la implementación de estas medidas será un proceso largo. El anteproyecto se someterá a consulta pública, donde se podrán hacer modificaciones durante los próximos meses.
Desafíos Parlamentarios
En este proceso, agencias y medios de comunicación podrán presentar sus alegaciones, y se anticipa que podría extenderse por tres meses adicionales.
La debilidad actual del Gobierno en el parlamento y la decisión de no optar por un real decreto ley complica la situación, pues deberán negociar con diferentes partidos que se han mostrado reticentes a aprobar nuevas normas.
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