Gobierno bajo la lupa por no implementar directiva de ciberseguridad desde 2023

Gobierno bajo la lupa por no implementar directiva de ciberseguridad desde 2023

Alerta máxima en Bruselas por recientes brechas de seguridad en España

Las alarmas han sonado en Bruselas tras la serie de brechas de ciberseguridad que han afectado a organismos clave como la Fiscalía y la Policía Nacional en menos de una semana. Este panorama inquietante ha puesto en tela de juicio la capacidad de España para afrontar los retos del ámbito digital.

Desde 2023, el Gobierno español no ha cumplido con la **directiva de ciberseguridad**, lo que llevó a la Comisión Europea a abrir un **procedimiento de infracción** en 2025. Ahora, se estudia cómo esta debilidad legislativa se relaciona con los recientes **hackeos** que han comprometido datos sensibles de importantes funcionarios del Estado.

Los detalles de los ataques cibernéticos

El eurodiputado del PP, **Juan Ignacio Zoido**, ha llevado a cabo estas inquietudes ante la Comisión Europea. Entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, se expusieron datos de altos funcionarios, incluyendo a la fiscal general y al propio presidente **Pedro Sánchez**. En una pregunta parlamentaria reciente, Zoido alertó que los mismos ciberdelincuentes obtuvieron acceso a las credenciales de cientos de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las interrogantes que plantea el eurodiputado

Zoido ha planteado dos preguntas cruciales a la Comisión. La primera se refiere al **riesgo que estas brechas** pueden representar para la seguridad de la Unión Europea y las medidas a implementar. La segunda cuestión indaga si el incumplimiento de la directiva NIS2 deja a España y a sus empresas en una situación de vulnerabilidad.

Un aumento alarmante en los ciberataques

Estos incidentes se producen en un contexto preocupante. Según el **Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)**, en 2025 se registraron más de **122.000 ataques** cibernéticos en España, un incremento del 26% respecto al año anterior. Sin embargo, el país aún no ha adoptado la **directiva NIS2**, la cual busca fortalecer la ciberseguridad de infraestructuras críticas y administraciones públicas.

El plazo para trasladar esta normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, venció en octubre de 2024. Aunque el Consejo de Ministros aprobó un **anteproyecto de ley de ciberseguridad** en enero de 2025, este sigue estancado en las Cortes.

Investigaciones de la Comisión Europea

La Comisión Europea no ha permanecido inactiva. En noviembre de 2024, envió una carta de emplazamiento, seguida de un **dictamen motivado** en mayo de 2025. La próxima etapa podría implicar remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede conllevar **sanciones económicas** para España.

Zoido advierte que la falta de cumplimiento con las leyes europeas de ciberseguridad podría resultar en sanciones, lo que afectaría la economía del país. “Sánchez incumple, y pagamos todos los españoles”, agrega.

Un alto índice de incumplimiento normativo

El problema se extiende más allá de NIS2; España es el Estado miembro de la UE con el mayor índice de incumplimiento, con 101 directivas pendientes, muchas de las cuales ya han sobrepasado su fecha límite. Además, lidera el ranking de procedimientos de infracción abiertos por la Comisión, con 92 expedientes activos.

La brecha de cumplimiento ha crecido desde 2023, alcanzando un déficit del **3,19%**, el más alto de la UE. La situación se ha deteriorado notablemente desde noviembre de 2023, debido al **bloqueo legislativo** y la falta de mayorías parlamentarias.

Un compromiso que repercute en toda la Unión Europea

Zoido también expresa la creciente frustración en Bruselas por la situación de ciberseguridad en España. “Una brecha de seguridad en nuestro país podría poner en peligro a otros Estados miembros”, advierte. Asimismo, el país aún no ha implementado el **Toolbox del 5G**, un conjunto de medidas acordadas para limitar la presencia de proveedores de alto riesgo.

El Gobierno ha sido advertido sobre los peligros de depender de empresas como Huawei, que podrían comprometer la seguridad nacional. “Este es el Gobierno de España más despreocupado por la seguridad del Estado”, concluye Zoido, criticando la falta de acción en temas de ciberseguridad.

Un mal preceder en la ciberseguridad

Un reciente incidente diplomático también resalta esta problemática. Durante una intervención de **Donald Trump** contra España, el canciller alemán **Friedrich Merz** intentó contactar a Sánchez sin éxito. Las explicaciones dadas por el Ministerio de Exteriores indicaron que el presidente cambia su número de teléfono regularmente por motivos de seguridad.

Este cambio se produce en un contexto donde el sistema de ciberseguridad del Gobierno quedó obsoleto debido a la falta de actualizaciones. El periodo sin soporte frente a amenazas avanzadas coincide con las filtraciones más graves.

“Luchar contra la ciberdelincuencia es vital para proteger no solo los datos, sino también la economía y la seguridad nacional”, enfatiza Zoido, resaltando que los impactos económicos de estos ataques son significativos, afectando cientos de miles de empleos.

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