Fiscalía y Abogacía del Estado respaldan amnistía para Puigdemont ante el TC.

Fiscalía y Abogacía del Estado respaldan amnistía para Puigdemont ante el TC.

El Tribunal Constitucional Estudia el Recurso de Amparo de Carles Puigdemont

La disputa legal se intensifica mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan al expresidente catalán Carles Puigdemont en su lucha por la amnistía vinculada a la malversación del ‘procés’.

Apoyo Oficial a Puigdemont

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que admita el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont, desafiando la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no concederle la amnistía relacionada con su acusación de malversación.

Críticas al Tribunal Supremo

Los escritos enviados por las autoridades indican un desacuerdo con el TS, que se apoyó en dos excepciones legales para justificar su negativa. Estas excepciones se refieren a la malversación con fines de enriquecimiento personal y al impacto de las acciones en los intereses económicos de la Unión Europea.

Defensa de Derechos Fundamentales

La Fiscalía argumenta que deben ser reconocidos los derechos de Puigdemont a la tutela judicial efectiva, la libertad personal y su participación política. A su juicio, sería apropiado restablecer el proceso a una etapa anterior a la decisión del Supremo en julio de 2024, donde se declaró inaplicable la amnistía por malversación.

Interpretaciones en Debate

El Ministerio Público enfatiza que la interpretación de los hechos por parte del TS es errónea y carece de lógica. Según su postura, no se puede considerar razonable esta lectura que ignora el contexto político y social de la ley.

Argumentos sobre Beneficios Patromoniales

Por su parte, la Abogacía del Estado también sostiene que las decisiones judiciales anteriores han vulnerado el derecho de Puigdemont a recibir una protección judicial efectiva. Afirman que la ley de amnistía claramente pretende absolver las conductas del demandante.

Conclusiones sobre la Amnistía

Los servicios jurídicos del Estado argumentan que la interpretación restrictiva del requisito de no pedir beneficios patrimoniales es injustificada. Aseguran que la amnistía claramente incluye el delito de malversación, y que el rechazo de su aplicación por parte del TS es tanto inmotivado como irrazonable.

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