El TC analizará primero el incumplimiento del Gobierno en la presentación de Presupuestos al Parlamento

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Conflicto Constitucional: El Senado Acusa al Gobierno de Inacción Presupuestaria

La magistrada Laura Díez Bueso plantea que el Tribunal Constitucional evalúe el conflicto de atribuciones del Senado contra el Gobierno por su falta de presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

La magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez Bueso, ha sugerido que este organismo aborde el conflicto de atribuciones que el Senado, dominado por el PP, ha planteado contra el Gobierno de Sánchez. La acusación radica en el presunto incumplimiento del deber del Ejecutivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado ante el Parlamento.

El Tribunal Constitucional a punto de decidir

El pleno del Tribunal está programado para pronunciarse hoy sobre la propuesta de Díez Bueso, quien fue designada por el Gobierno. Este caso marca una novedad: es la primera vez que se evalúa la falta del Ejecutivo en cuanto a la presentación de los presupuestos, tal como lo establece el artículo 134.3 de la Constitución.

Las obligaciones del Gobierno según la Constitución

De acuerdo a este artículo, el Gobierno «deberá» presentar los Presupuestos Generales al Congreso «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». El Senado argumenta que la inacción del Gobierno, que ha prorrogado los presupuestos de 2024 y 2025 sin presentar los del año actual, contraviene las prerrogativas parlamentarias estipuladas en el artículo 134.5 de la Constitución.

Implicaciones de la inacción del Gobierno

La Cámara Alta sostiene que las modificaciones presupuestarias realizadas bajo los presupuestos prorrogados para 2023 constituyen un «fraude de ley», ya que contravienen la obligación constitucional de presentar nuevos presupuestos y afectan la competencia legislativa del Senado.

Confianza parlamentaria en juego

Además, el Senado destaca que esta situación menoscaba la confianza otorgada durante la investidura del Gobierno, como se estipula en el artículo 99.2 de la Constitución, y afecta la función representativa que permite a los senadores participar en las decisiones presupuestarias en nombre de los ciudadanos.

Se menciona que el Consejo de Ministros no cumplió con el plazo establecido para acordar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, lo que ha llevado a que estos fueran rechazados por el Congreso. Esto hace inviable la aprobación de un presupuesto para 2026, impidiendo al Senado ejercer su función de debate y aprobación.

La prórroga como solución temporal

El Senado cuestiona el uso «abusivo y en contra de la Constitución» de la prórroga, argumentando que esta figura debería ser excepcional y limitada a la aprobación de nuevos presupuestos. La prórroga prolongada de los presupuestos, como la de 2023, transforma lo que debería ser una norma temporal en algo permanente, lo que no se ajusta a la esencia del principio de anualidad previsto en la Constitución.

Modificaciones presupuestarias bajo decretos-ley

Ante la falta de nuevos presupuestos, el Gobierno ha estado adoptando compromisos financieros a través de decretos-ley. El Senado recalca que cualquier cambio que implique un aumento de gastos o reducción de ingresos debe ser tramitado como un proyecto de ley, no como decreto-ley, de lo contrario se estaría vulnerando la Constitución.

El Senado argumenta que la incapacidad del Gobierno para presentar un proyecto de presupuesto válido deslegitima su autoridad y, según la lógica constitucional, podría resultar en la disolución de las Cámaras.

Demandas específicas del Senado

Finalmente, el Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional el incumplimiento del Gobierno en la presentación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, y que emita un fallo que limite el uso de las prórrogas presupuestarias. También se pide establecer un plazo máximo para la presentación del proyecto, permitiendo así al Senado cumplir con su función presupuestaria conforme a lo que establece la Constitución.

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