El Congreso Aprueba la Nueva Financiación: Un Paso Hacia lo Posible y Legítimo

El Congreso Aprueba la Nueva Financiación: Un Paso Hacia lo Posible y Legítimo

Tensión entre Comunidades Autónomas y el Gobierno por Nuevo Modelo de Financiación

Las autonomías se oponen enérgicamente a la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, dejando un panorama tenso en la política española.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió el miércoles para que María Jesús Montero presentara a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación. Tal como anticipaban muchos, la mayoría de las regiones rechazaron la propuesta del Ministerio de Hacienda, siendo Cataluña la única que la respaldó sin reservas, dado que resulta particularmente beneficiada. A pesar de la oposición, el Gobierno insiste en proseguir con esta iniciativa, confiando en obtener el apoyo necesario del Congreso.

«¿Qué implica la legitimidad? Que se adhiera a la ley. Cualquier modelo de financiación que emane del Congreso es legítimo«, defendió la vicepresidenta primera al ser consultada sobre la falta de consenso con las autonomías.

Reacciones de las Comunidades Autónomas

Montero minimizó las críticas de las comunidades autónomas, argumentando que son expresiones de regiones que buscan incluir mejoras al modelo, como es el caso de Asturias. “Estas modificaciones se debatirán en las próximas semanas”, afirmó.

Estas negociaciones comenzarán pronto a través de contactos bilaterales. Una vez finalizadas, se elaborará un anteproyecto de ley que incorporará el nuevo sistema de financiación, que luego será discutido por los grupos del Congreso.


María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, destacó el miércoles que es «falso» haber acordado un «cupo separatista» dentro de la nueva propuesta de financiación autonómica.

La intención de Montero es que la norma se apruebe antes de fin de año, de modo que el nuevo modelo esté operativo en 2027.

Principio de Ordinalidad en Discusión

Según Montero, el nuevo modelo no seguirá el principio de ordinalidad vigente, aunque en el caso de Cataluña sí se respeta la tercera posición en aportaciones y recepción de fondos. Sin embargo, Castilla-La Mancha, gobernada por socialistas, asegura que este principio sí estaría presente.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, criticó esta afirmación, considerándola una «línea roja» que atenta contra la solidaridad entre las comunidades.

Además, demandó más información por parte de Hacienda, sugiriendo que, sin claros datos adicionales, las reuniones bilaterales no pueden tener lugar.

Castilla-La Mancha, incluso, ha solicitado la retirada total de la propuesta, adviertiendo que «si la política no da resultados, se tendrá que recurrir a la vía judicial».

Descontento en Comunidades del PP

Las regiones gobernadas por el PP expresaron su malestar. «No entendemos por qué Junquera no presidió la reunión«, remarcó Rocío Albert, consejera de Hacienda de Madrid. Además, cuestionó la disparidad en los fondos que recibiría Cataluña en comparación con su comunidad.

Carolina España, de Andalucía, calificó la propuesta de «arbitraria», subrayando que «perjudica» a su región. Afirmó que “el modelo Montero está destinado al fracaso” ya que ha sido negociado a espaldas de otras comunidades, lo que refleja deslealtad.

Elena Manzano, de Extremadura, coincidió en que el sistema propuesto no es un modelo de financiación, sino un «acuerdo político» con Cataluña. Añadió que parece que se busca alcanzar un monto específico para esa comunidad, ignorando las demás.

Los encargados de las finanzas en Comunidad Valenciana y Murcia tampoco están de acuerdo con la propuesta. El conseller de Valencia, José Antonio Rovira, hizo eco de que “volvemos a la situación inicial sin cambios”.

Por su parte, el responsable murciano, Luis Alberto María, solicitó la retirada de la propuesta y un nuevo inicio en las negociaciones, al considerar que se ha favorecido solo a la ERC de Oriol Junqueras.

En conclusión, aunque el Gobierno presenta un modelo que pretende reducir las desigualdades, las comunidades se muestran escépticas. Según comparten, las diferencias en la financiación siguen siendo “injustas e inaceptables”.

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