Todo comenzó después de que el grupo de cuatro comensales disfrutara de su comida y solicitara la cuenta, solo para descubrir que el local solo aceptaba pagos en efectivo. Sin llevar dinero en metálico y sin advertencias previas sobre esta restricción, los amigos se mostraron reacios a salir a buscar un cajero automático. «Nos lo hubieras dicho antes de sentarnos», expresaron, aumentando la tensión en el ambiente.

El restaurante insistió en que uno de ellos debía ir a retirar dinero, a lo que el grupo respondió que no deberían «dejar a nadie como ‘rehén’ ni salir a buscar efectivo si el error era del local por no informar». La situación se tornó más complicada cuando, ante la negativa de los clientes de abandonar el lugar, el establecimiento optó por emitir una factura simplificada. Esta permitiría a los comensales realizar una transferencia bancaria desde sus casas para saldar la deuda.

Derechos de los consumidores y obligaciones de los comercios

La situación pone de relieve la normativa vigente, específicamente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta legislación estipula que los comercios deben aceptar pagos en efectivo. Sin embargo, la falta de un sistema de pago electrónico abre una discusión sobre la responsabilidad de los negocios de informar a sus clientes.

Las autoridades de consumo y la jurisprudencia sugieren que los establecimientos deben comunicar cualquier limitación en el método de pago antes de que el cliente realice su pedido. La ausencia de esta información, ya sea a través de un cartel visible o una nota en la carta, puede considerarse una práctica abusiva.

En estos casos, el consumidor no está obligado a buscar un cajero automátrico y puede exigir alternativas, como el pago diferido, soluciones que, como se vio en este episodio, son totalmente válidas y aceptadas.