Con total consenso, la Cámara de Representantes ha dado luz verde a la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establece un nuevo método para calcular el incremento presupuestal de las universidades públicas en Argentina. Esta legislación, que ahora espera la conciliación con el Senado, promete un cambio fundamental en la asignación de recursos a estas instituciones educativas.

Anteriormente, el aumento de los fondos se basaba en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejando la inflación. Con la nueva ley, el cálculo se realizará a partir del Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), elaborado por el Dane.

Un cambio necesario para mitigar el déficit

Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente crisis financiera que atraviesan las universidades públicas del país. Según datos del Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos de estas instituciones aumentan, en promedio, 5,2 puntos porcentuales por encima del IPC cada año. Para ilustrar la magnitud del problema, el IPC de 2024 fue del 5,2%, mientras que el Ices mostró variaciones del 18,32% y 9,58% en los primeros y segundos semestres, respectivamente.

El déficit acumulado es alarmante: llega a los 17 billones de pesos, lo que equivale a lo que podría recaudar una reforma tributaria. De este monto, 3,5 billones se destinan únicamente a la operación, incluyendo salarios de docentes y empleados.

Voceros del cambio

Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, explica que este desfase financiero es crítico: “Las universidades han dejado de recibir los incrementos necesarios mientras que los costos de operación, basados en el Ices, son significativamente mayores”. Insiste en que, en 1993, el financiamiento provenía casi en su totalidad del gobierno, pero hoy solo alcanza el 55,25% del presupuesto, dejando que las instituciones generen el 44,75% restantes a través de servicios.

Preocupaciones sobre el impacto en las finanzas públicas

La reforma no ha estado exenta de oposición. Algunos sectores temen que al vincular el aumento presupuestal al Ices, se provoque un desbalance que podría añadir 5 puntos porcentuales más al presupuesto anual de lo que se destina actualmente. Sin embargo, la urgencia de adaptar la financiación de las universidades se siente en el sector.

Universidades en crisis

La realidad que viven instituciones como la Universidad de Antioquia, que está vendiendo propiedades para subsistir, o la Universidad Distrital, que renta espacios para cubrir gastos, ejemplifica un problema estructural en el financiamiento. La situación ha llegado a tal punto que la Contraloría advirtió sobre la crítica condición fiscal de las principales universidades del país, destacando que el pasivo pensional en este sector supera los 8,3 billones de pesos.

Con 34 universidades públicas en Argentina, la imagen es aún más desalentadora, ya que muchas operan en condiciones financieras precarias, careciendo de los recursos básicos que las reformas buscan abordar.