Este martes 16 de diciembre, el Consejo de Gobierno andaluz debatirá y probablemente aprobará el Proyecto de Decreto que desarrolla la Ley 3/2021, del 26 de julio, centrada en el reconocimiento de la autoridad del profesorado. La reunión se adelanta a su habitual día para no interferir con el Pleno del Parlamento, según informa Europa Press.

<h2>Un Nuevo Enfoque para la Educación Andaluza</h2>

<p>El objetivo de este decreto es fundamental: <strong>reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente</strong> en Andalucía. Buscando fomentar tanto su consideración como su respeto dentro del entorno escolar, esta normativa también establecerá un sistema que garantice su protección.</p>

<h3>Fundamentos del Proyecto de Decreto</h3>

<p>El borrador del documento destaca la premisa de que para contar con un profesorado de prestigio social, es vital ofrecer reconocimiento institucional y respaldo legal a su autoridad. Esto es esencial para avanzar hacia un sistema educativo más equitativo y de calidad, que promueva un clima de respeto y facilite el ejercicio docente, priorizando el mérito y el esfuerzo.</p>

<h2>Garantías y Derechos del Profesorado</h2>

<p>La Junta defiende que esta normativa es indispensable para implementar medidas que fortalezcan la valoración social de la función docente, permitiendo que los educadores desarrollen su labor con las máximas garantías. Se busca generar un ambiente de convivencia en los colegios, ya que no existe una alternativa regulatoria que respete menos los derechos.</p>

<p>Entre las novedades que se incluyen en este proyecto se destaca el reconocimiento de derechos como el <strong>respeto y reconocimiento de la autoridad</strong> por parte del alumnado y sus representantes. Asimismo, se establece que el profesorado podrá tomar decisiones de manera rápida y eficaz para mantener un ambiente adecuado de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula.</p>

<h3>Apoyo y Protección al Educador</h3>

<p>Además, se contempla la colaboración de los representantes legales de los estudiantes para asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia en las instituciones. El proyecto incluye también el derecho a recibir <strong>protección jurídica y apoyo psicológico gratuito</strong>, vital para el desarrollo de sus funciones docentes.</p>

<p>En línea con este enfoque, la administración educativa se compromete a ofrecer asistencia psicológica a los docentes que trabajen en centros públicos, ayudándoles a afrontar cualquier situación de conflicto que pueda afectar su salud y desempeño laboral.</p>

<p>La asistencia será proporcionada a través de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada Delegación Territorial, facilitando así un recurso invaluable para aquellos educativas que enfrentan retos significativos en su labor diaria.</p>