El pasado 30 de abril, Israel llevó a cabo una operación en aguas internacionales, donde interceptó la Flotilla Global Sumud. Esta acción ha sido calificada como «ilegal» por países como España y Brasil, quienes han expresado su preocupación por el bienestar de los activistas a bordo.

Después de la intervención, los israelíes trasladaron a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, pero dos de ellos fueron llevados a Israel por las autoridades para enfrentar acciones judiciales. La retención de estos individuos ha suscitó críticas por parte de organizaciones internacionales, que alegan que han sufrido maltratos durante su detención.

Los prisioneros son Saif Abu Keshek, un español de ascendencia palestina, y Thiago Ávila, un brasileño. Abu Keshek, residente en España desde hace 20 años, ha sido un defensor activo de los derechos palestinos y uno de los fundadores del Global Movement to Gaza. Por otro lado, Ávila lleva más de dos décadas luchando por los derechos de la población palestina y ha ocupado cargos destacados en iniciativas pro derechos humanos.

Ambos activistas han denunciado haber sido sometidos a torturas durante su detención, lo cual ha sido corroborado por el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah). La organización informa que ambos hombres están en huelga de hambre como forma de protesta ante el maltrato recibido en el centro de detención en Ashkelon.

Testimonios de los activistas apuntan a un patrón de abusos durante su detención. Según Adalah, han sido golpeados y sometidos a un tratamiento cruel, incluyendo aislamiento. “El trato que han recibido es una violación grave del derecho internacional”, indica la organización.

La Global Sumud ha expresado su preocupación sobre la situación de Abu Keshek, quien supuestamente ha sido objeto de torturas sistemáticas. Otras denuncias mencionan que al menos 35 activistas requirieron atención médica tras ser golpeados durante la intervención israelí.

Desde el gobierno israelí, se argumenta que los activistas estaban involucrados en actividades ilegales, incluyendo apoyo a grupos considerados terroristas. Sin embargo, el equipo legal de ambos hombres sostiene que los cargos son infundados y que la misión buscaba brindar ayuda humanitaria a la población de Gaza.

Hadeel Abu Salih, la abogada de los detenidos, declaró que la detención fue ilegal, argumentando que carece de jurisdicción y enfatizando que la intención del viaje era ayudar y no apoyar ningún grupo extremista.

Las naciones de España y Brasil han exigido la liberación inmediata de sus ciudadanos, describiendo la intervención israelí como un «atropello al derecho internacional». Italia y Alemania también han manifestado preocupación. Mientras tanto, el Departamento de Estado estadounidense ha advertido sobre posibles consecuencias para quienes asocien o apoyen a la Flotilla Global Sumud.

La Global Sumud ha instado a los gobiernos a actuar de inmediato para asegurar la liberación de los activistas, señalando que enfrentan la disyuntiva entre respetar el derecho internacional o ser cómplices de su violación. Además, están pidiendo investigaciones independientes sobre las circunstancias de la detención.

Los activistas subrayan que defender los derechos palestinos no implica respaldar a grupos militantes, y esperan que las comunidades internacionales actúen para proteger los derechos humanos en la región.