Solicitan que Ábalos asista por videoconferencia a juicio por presuntas irregularidades en compra de mascarillas
La defensa del exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le permita participar en la audiencia preliminar del juicio por la compra irregular de mascarillas a través de una videoconferencia desde la prisión de Soto del Real.
Un juicio rodeado de controversia
La solicitud se basa en las condiciones dificiles de traslado desde los centros penitenciarios. El abogado de Ábalos argumentó que estos movimientos se realizan en vehículos diseñados para la seguridad, no para la comodidad. Además, la defensa ha presentado nuevos informes médicos que indican que el exministro padece hipertensión, diabetes y dolencias cardíacas.
Detalles del juicio y de la acusación
La Sala Penal del Tribunal Supremo prevé llevar a cabo el juicio en los próximos meses. La investigación se centra en la presunta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. Antes de iniciar el juicio, se llevará a cabo una audiencia preliminar para revisar las cuestiones planteadas, incluyendo solicitudes de nulidad por parte de los acusados.
Los tres imputados, entre ellos Ábalos y su asesor Koldo García, buscan evitar su presencia física en la audiencia. En su defensa, Ábalos ha adjuntado informes médicos que documentan su estado de salud. Un informe del Hospital Ramón y Cajal confirma diagnósticos graves, sugiriendo que se recomiende dejar de fumar, ya que el exministro consumía hasta 40 cigarrillos al día.
Expectativas para la audiencia preliminar
La Sala Penal deberá decidir si permite que Ábalos asista a la audiencia por videoconferencia. Su defensa también ha citado recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre evitar traslados innecesarios debido a las condiciones opuestas que enfrentan los reclusos. Por su parte, García también ha pedido asistir por videoconferencia debido a problemas de salud.
La audiencia preliminar será crucial, ya que servirá para que las defensas expongan sus argumentos sobre los motivos para frenar el juicio, argumentando que las pesquisas en su contra iniciaron sin la autorización del Congreso y que no han tenido acceso a pruebas sustanciales. El tribunal también decidirá qué testigos comparecerán en el juicio, que podría iniciarse en abril, enfrentando los acusados penas de hasta 30 años de prisión.
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