Tribunal anula despido de trabajador tras accidente en estado de ebriedad
Una decisión judicial ha revertido el despido de un empleado de una empresa navarra que, a pesar de estar involucrado en un accidente mientras conducía durante su jornada laboral, no fue considerado culpable de una falta muy grave.
El trabajador, que había estado vinculado a la compañía desde septiembre de 2021 con un salario mensual de 3.529,46 euros, se desplazaba en una furgoneta Citroën Berlingo cuando el 2 de octubre de 2024 perdió el control del vehículo, saliéndose de la vía y colisionando contra una señal en la Autovía A-1.
Al llegar los agentes, detectaron signos claros de embriaguez, comprobados posteriormente por un análisis de alcoholemia que reveló una tasa de 1,00 miligramo por litro de aire espirado, lo que se traduce en 1,46 gramos por litro en sangre, superando ampliamente el límite legal de 0,5 gramos.
En respuesta a este incidente, la empresa decidió despedir al trabajador el 8 de octubre, argumentando que había cometido una «transgresión de la buena fe contractual» según el artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores.
Normativas laborales y sanciones: una mirada más profunda
El empleado impugnó su despido, y aunque al principio un juzgado de Pamplona lo consideró procedente, el trabajador llevó su caso al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
En su apelación, no solo cuestionó las pruebas presentadas, sino que también defendió que el convenio colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Navarra clasifica la embriaguez de forma diferente. Según este, la embriaguez no habitual es considerada falta leve, mientras que la grave se relaciona con situaciones que perjudican la seguridad o el trabajo, con sanciones que van desde una amonestación hasta suspensiones de entre dos y veinte días.
El TSJN falló a favor del trabajador, argumentando que su conducta se adecuaba a lo definido como falta grave en el convenio y enfatizó que la empresa no puede aplicar una normativa más severa del Estatuto de los Trabajadores cuando ya existe una regulación específica para la situación.
Como resultado, el tribunal declaró el despido como improcedente y ordenó a la empresa la opción de readmitir al trabajador y pagarle los salarios correspondientes o abonar una indemnización de 11.806,77 euros. Esta sentencia todavía admite recurso ante el Tribunal Supremo.
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