Tensión en el Tribunal Supremo por las Costas de la Condena a García Ortiz
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha presentado un recurso ante la Sala Penal para impugnar el monto de 79.942 euros en costas impuesto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su condena por revelación de secretos.
En un escrito al que tuvo acceso el medio, Sánchez Conde argumenta que la cifra exigida por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es exorbitante y no se justifica ante la indemnización de 10.000 euros fijada por el tribunal. Asimismo, la teniente fiscal solicita que se excluya al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) de este cálculo, dado que participó como acusación popular en el proceso.
El Contexto de la Condena
El pago de las costas es el último aspecto pendiente de ejecución tras la condena a García Ortiz por filtrar información relacionada con González Amador. La principal consecuencia de esta condena fue su inhabilitación, que se consumó con su dimisión unos días después de conocerse el fallo. La multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 fueron saldadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a través de donaciones de sus miembros.
Argumentos de la Teniente Fiscal
En su escrito de ocho páginas, Sánchez Conde refuerza su impugnación enfatizando la disparidad entre la indemnización y las costas exigidas. También señala que, si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil establece límites en los honorarios de abogados, este principio se debería aplicar de manera equitativa en el ámbito penal, pues no se debe convertir el costo de las costas en una carga adicional para el condenado.
Cuestionamientos a los Honorarios de la Defensa
La teniente fiscal critica que el tribunal asumiera la totalidad de la propuesta de honorarios de la defensa de González Amador, que ascendía a 64.778,78 euros, más el IVA y los honorarios de la procuradora, solicitando que se reconozca la naturaleza contractual entre el abogado y la parte a la que representa, resaltando que la relación de servicios debería definir la remuneración.
Desafíos en el Proceso de Tasación
Sánchez Conde enfatiza que la minuta presentada por la defensa incluye costos de actuaciones pre-imputación y escritos ya desestimados por el tribunal. Además, recuerda que la jurisprudencia del Supremo promueve la moderación de las costas para evitar efectos económicos desmedidos sobre el condenado.
Conflicto de Intereses del ICAM
Para evaluar el recurso, la Sala Penal deberá consultar al ICAM, pero tanto la defensa como la teniente fiscal abogan por su exclusión, argumentando que su papel como acusación popular impide que actúe de manera neutral en la cuestión de las costas. Fuentes del ICAM contrarrestan esta afirmación, afirmando que su misión es simplemente emitir un informe pericial sobre la proporcionalidad de los honorarios propuestos.
La disputa sobre el monto de las costas y la participación del ICAM en el funcionamiento del caso pone de relieve las complejidades del sistema jurídico español y la interacción entre las partes implicadas.
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