Durante un evento en Aragón, Feijóo afirmó que esta medida no responde a razones humanitarias, sino a un cálculo electoral para sumar nuevos votantes: «No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas», enfatizó el líder del PP.

Integración con Responsabilidad

Feijóo precisó que España debería ser un refugio para quienes buscan contribuir positivamente al país, siempre y cuando cuenten con un contrato de trabajo. Sin embargo, descartó la regularización de individuos con antecedentes penales o que no busquen integrarse correctamente en la sociedad.

¿Impacto en los Servicios Públicos?

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también cuestionó la decisión del Gobierno, resaltando que no se han realizado los estudios necesarios para evaluar el impacto en la vivienda, la sanidad y otros servicios públicos. «Cuando colapsen los servicios, seremos las comunidades las que debemos responder», señaló Ayuso durante la clausura de la II jornada intermunicipal del PP.

Manipulación del Censo Electoral

Ayuso y Feijóo coincidieron al afirmar que el Gobierno busca alterar los censos electorales con el fin de que haya «un millón más» de votantes en las próximas elecciones de 2027. La presidenta madrileña advirtió que la cifra podría aumentar aún más a medida que los inmigrantes regularizados traigan a sus familias bajo las nuevas medidas de arraigo.

Crecimiento en la Nacionalidad Española

Desde que Sánchez asumió la presidencia, casi 1.4 millones de extranjeros han obtenido la nacionalidad española. Este fenómeno ha generado un considerable cambio en el espectro electoral, aumentando el número de nuevos votantes potenciales en el país. Según datos recientes, el 20% de estos son de origen marroquí, aunque las comunidades de venezolanos, colombianos y ecuatorianos también han crecido notablemente.

El Debate sobre la Regularización

La actual regularización es calificada como «la más amplia de la democracia», permitiendo a los inmigrantes solicitar regularización sin necesidad de acreditar una relación laboral. La única exigencia es haber residido en España durante al menos cinco años y presentar un certificado de antecedentes penales.

A pesar de las críticas, la vicepresidenta Yolanda Díaz argumentó que esta medida fortalece los derechos de la clase trabajadora y fomenta un ambiente más seguro donde los inmigrantes pueden denunciar abusos laborales.

El debate se intensifica mientras diferentes sectores de la sociedad, incluidos empresarios y trabajadores, expresan diversas opiniones sobre las implicaciones de esta regularización. La regulación está programada para tener efectos significativos en el sistema electoral y social de España en los próximos años.