La Eurodiputada Carmen Crespo Celebra Avances en la Protección de los Agricultores Españoles
La coordinadora de Agricultura del PP en Europa, Carmen Crespo, valora los recientes compromisos del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, hacia una mayor protección de los agricultores en la Unión Europea.
Carmen Crespo ha expresado su satisfacción por los acuerdos alcanzados en la Comisión Europea para mejorar los controles fronterizos y proteger a los agricultores españoles ante las importaciones de terceros países. La implementación de la nueva Oficina Europea de Control de Importaciones, conocida como ‘Frontex Agroalimentario’, se presenta como un avance crucial para combatir la competencia desleal.
Durante un comunicado, Crespo enfatizó que este nuevo organismo no solo es un paso decisivo, sino que su agilidad en la puesta en marcha es fundamental. Instó a reforzar la reciprocidad fitosanitaria y a garantizar inspecciones más rigurosas para los productos importados, recordando que esta tarea debe contar también con el compromiso del Gobierno de España.
Crespo hizo un llamado al ejecutivo nacional para dotar de más recursos, tanto humanos como tecnológicos, a los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF). Esta medida es vital para asegurar un control eficaz de las importaciones y para cumplir con los estándares de trazabilidad establecidos en los acuerdos comerciales vigentes.
Además, la eurodiputada destacó la importancia del papel del PP en el Parlamento Europeo, donde trabaja intensamente en la aprobación del Reglamento de Cláusulas de Salvaguarda para el acuerdo UE-Mercosur, que se debatirá en el próximo Pleno en Estrasburgo este mes. Este reglamento propone mecanismos automáticos que se activarían si los agricultores españoles enfrentan una caída en el mercado o una disminución de precios superior al 5%.
Para Crespo, este reglamento representa una sólida red de seguridad para los agricultores en el contexto de las importaciones desde Mercosur. También subrayó la necesidad de que la activación del mecanismo de salvaguarda sea rápida, con un límite de 21 días, y de que se fortalezcan las auditorías en los países exportadores para garantizar el cumplimiento de las normativas fitosanitarias y de salud, respetando un principio de reciprocidad, que es prioritaria para los agricultores y ganaderos españoles.
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