El abogado de Isabel Díaz Ayuso rechaza la nulidad presentada por García Ortiz
El letrado Gabriel Rodríguez Ramos, defensor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, se opone enérgicamente al intento del ex fiscal general del Estado de anular su condena, alegando la supuesta vulneración de derechos fundamentales.
En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, Rodríguez Ramos sostiene que el ex fiscal no ha probado las violaciones que alega. Destacó que no existe un derecho institucional a la libertad de expresión, contrariamente a lo que sostiene García Ortiz. Este último había argumentado que los magistrados intentaban «secuestrar» la versión del Ministerio Público frente a informaciones que pretendía desmentir.
La defensa argumenta en contra de la libertad de expresión institucional
El abogado aclaró que las instituciones públicas no cuentan con derechos fundamentales como la libertad de expresión. «El deber de reserva es clave para proteger los derechos de los ciudadanos afectados por el trabajo del Ministerio Fiscal», reiteró.
La importancia del deber de reserva
Rodríguez Ramos enfatiza que informar debe llevarse a cabo con restricciones, encontrando su límite en el deber de confidencialidad. Según su opinión y la del fallo del Supremo, la divulgación de datos reservados en este contexto fue innecesaria para manejar la información institucionalmente.
No se vulneró el principio acusatorio
La defensa también argumenta que no hubo violación del principio acusatorio, ya que la información en la nota de prensa fue parte del juicio, bien documentada y presentada desde el inicio del proceso. Además, el abogado señala que García Ortiz no necesitaba de testigos protegidos por el secreto profesional para apoyar su defensa.
Falta de pruebas en la defensa de García Ortiz
A pesar de contar con múltiples opciones de defensa, García Ortiz no presentó pruebas contundentes. Se destacó que eliminó mensajes de WhatsApp y datos relevantes de su cuenta de Gmail, los cuales podrían haber sustentado su caso. Rodríguez Ramos insta al Tribunal a tomar en cuenta el valor incriminatorio del borrado de estas pruebas.
Solicitudes a la Sala
González Amador solicita que se mantenga la condena impuesta sobre García Ortiz y que se desestime la solicitud de nulidad. Además, pide que el ex fiscal asuma las costas derivadas de este incidente.
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