La UPF, encabezada por García Ortiz, ha cumplido con la obligación económica impuesta por el Tribunal Supremo, que asciende a 17.200 euros, compuesto por 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización. En un período breve, la campaña de recaudación lanzada entre sus miembros ha colectado la totalidad del monto requerido, de acuerdo con fuentes de la asociación.

Una Campaña ÉTICA de Solidaridad

En un comunicado emitido, la UPF destacó que la respuesta de fiscales de diversas categorías y regiones fue abrumadora. “Este acto trasciende lo económico y se inspira en principios éticos profundos. Nadie debe quedar solo cuando actúa en defensa de la ley y la institución”, expresaron desde la organización. Aunque inicialmente dirigida a fiscalizadores miembros de la UPF, la iniciativa también recibió apoyo de ciudadanos que se ofrecieron a contribuir.

Cuentas Claras y Recaudación Limitada

Las donaciones fueron depositadas en una cuenta especialmente abierta por la UPF para este propósito, y una vez cubierto el monto total de 17.200 euros, el banco ha comenzado a rechazar cualquier nueva aportación. Este enfoque ha permitido que la asociación gestione con transparencia el proceso.

Controversia sobre la Sentencia

La UPF ha manifestado su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo, que declaró culpable a García Ortiz por la divulgación de un correo electrónico de González Amador dirigido a la Fiscalía. Además, se censuró la emisión de una nota de prensa destinada a desmentir acusaciones omitidas por el entorno político de Ayuso. La asociación considera que la sentencia representa un cambio fundamental en los estándares judiciales al condenar a un fiscal sin pruebas concluyentes sobre el autor de la filtración.

Consecuencias de la Sentencia

Junto al pago impuesto, García Ortiz enfrentó dos años de inhabilitación. Sin embargo, su renuncia tras conocer la condena hizo que esta parte de la sentencia se considerara cumplida automáticamente. Aunque surgen dudas sobre su futuro dentro de la Fiscalía, la nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha decidido reintegrarlo a su anterior puesto en el Supremo.