El tribunal descarta la ganancialidad

El tribunal descarta la ganancialidad

La Lucha Legal de un Viudo Gallego por el Patrimonio Familiar

Un viudo gallego, conocido como R. C. P., se encuentra en el centro de una disputa legal por el control de una propiedad en La Coruña tras la muerte de su esposa, M. G. A. Un entrelazado de circunstancias y decisiones legales está en juego.

El matrimonio entre R. C. P. y M. G. A. se formalizó en una ceremonia religiosa en Copacabana, Brasil, en 1992. Sin embargo, su unión no fue registrada oficialmente en España hasta el año 2020, dos años después del fallecimiento de ella.

Conflictos Matrimoniales y Herencia

A pesar de su deseo de que la propiedad se reconociera como bien ganancial, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha rechazado la solicitud. La vivienda permanecerá como un bien privativo. Para cambiar esta condición, se necesitaría el consentimiento de la Fundación Pública Galega para la tutela de personas adultas (FUNGA), que es la heredera designada en el testamento, o una decisión judicial que lo confirme.

El Registro de Propiedad y la Identidad Legal

La controversia se remonta a finales de los años noventa, cuando, en 1997, la vivienda fue inscrita a nombre de M. G. A. como «divorciada», sin mención del enlace religioso en Brasil. Este estatus no cambió en su testamento de 2018, donde nuevamente se autodenominó divorciada y no reconoció el matrimonio como civil, designando a la FUNGA como heredera final.

Intentos de Rectificación Futiles

Después de la muerte de su esposa, R. C. P. intentó corregir la inscripción aportando su certificado matrimonial. Sin embargo, el registrador denegó el cambio, argumentando que podría afectar los derechos sucesorios de otros beneficiarios. La Dirección General respaldó esta decisión, señalando que un simple certificado de matrimonio no es suficiente para alterar la inscripción de un bien si otros tienen derechos reconocidos.

Perspectivas Legales

Ante esta negativa, R. C. P. solo dispone de una opción: recurrir al Juzgado de lo Civil de La Coruña. Tiene un plazo de dos meses tras la notificación para intentar revertir la decisión y así buscar justicia patrimonial.

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