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La controversia estalló tras la aprobación del proyecto Senderos del Rocío, un ambicioso plan que busca crear una red de rutas accesibles en Andalucía. Este proyecto fue respaldado en enero de 2024 por el consejo de gobierno andaluz, con la presencia del presidente Juanma Moreno y destacadas personalidades del arte y la cultura, marcando un hito en la promoción turística de la comunidad.
Detalles del Proyecto Senderos del Rocío
Concebido como una versión andaluza del Camino de Santiago, el proyecto incluye ocho rutas desde diversas localidades hacia la aldea del Rocío. Cada ruta, desde la Ruta Nazarí hasta la de Gibraltar, busca resaltar las tradiciones, costumbres y la religiosidad de Andalucía.
El Inicio de la Controversia
A pesar de su proyectada grandeza, la iniciativa fue objeto de críticas inmediatas. El partido Por Andalucía denunció el contrato firmado con la empresa de José Manuel Soto, elogiando la calidad del proyecto, pero cuestionando la forma en que fue adjudicado. La Oficina Antifraude se involucró, solicitando la revisión del contrato menor, valorado en menos de 15.000 euros, otorgado de manera directa para servicios de marketing relacionados con Caminos del Rocío.
Investigación y Archivo del Caso
Después de un exhaustivo análisis, la Oficina Antifraude decidió archivar el caso. En un comunicado reciente, el organismo anunció que la Junta de Andalucía ya había iniciado acciones para revisar oficialmente el expediente de contratación. Sin embargo, no se encontraron irregularidades que justificaran la continuación de la investigación.
Las Críticas de la Oposición
El caso generó un amplio debate público, alimentado por la controversia que rodea a figuras populares como José Manuel Soto. La portavoz de Por Andalucía había calificado el contrato de «corrupción de amigos», argumentando que dinero público se destinaba a un conocido por su cercanía con el presidente. Sin embargo, estas acusaciones no encontraron respaldo en la investigación realizada por Antifraude.
Impacto en la Comunidad
La polémica alcanzó incluso al Ayuntamiento de Almonte, que se sintió desplazado al no ser informado adecuadamente sobre el proyecto, al cual se le dio una gran promoción desde Sevilla. En respuesta a las acusaciones, José Manuel Soto defendió su proyecto como una contribución positiva a la economía andaluza, subrayando que los fondos provienen de la Unión Europea.
A pesar de la controversia y las críticas, la resolución de Archivar el caso supone un nuevo tropiezo para las afirmaciones de la oposición, que ha visto caer otra denuncia en su intento de cuestionar la gestión del gobierno andaluz.
