La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado un incidente de nulidad en relación a la condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según ella, el tribunal habría vulnerado derechos fundamentales del acusado, lo que podría abrir la posibilidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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        <p class="caption-title">Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, durante su salida del Tribunal Supremo</p>
        <span class="caption-author">Dani Duch / Propias</span>
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<p class="paragraph">En su escrito, la teniente fiscal sostiene que el Supremo ha creado un tipo penal específico para condenar a García Ortiz por la filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.</p>

<p class="paragraph">La acusación principal se centra en cómo el Supremo interpretó las comunicaciones de García Ortiz, argumentando que no constituían un delito de revelación de secretos. Sin embargo, el tribunal abrió una investigación debido a sospechas de que García Ortiz había filtrado correos electrónicos a un periodista, un día antes de hacer pública una nota informativa.</p>

<p class="paragraph">A pesar de las evidencias en contra, el Supremo dictó una condena contra García Ortiz tanto por la supuesta filtración como por la nota de prensa. Esta última había sido excluida durante la fase de instrucción del caso.</p>

<h2>La creación de un tipo delictivo: ¿una irregularidad jurídica?</h2>

<p class="paragraph">Sánchez Conde argumenta que el tribunal violó el principio de legalidad penal al considerar típica una conducta que no estaba explícitamente tipificada. “La sala ha dictado una condena que no se basa en hechos que hayan sido imputados ni discutidos en juicio”, explica.</p>

<h2>Pruebas que respaldan la defensa</h2>

<p class="paragraph">La teniente fiscal también subraya que la defensa presentó evidencias que favorecen a García Ortiz. Testigos, incluidos varios periodistas, afirmaron tener información sobre el caso antes de que el fiscal general la recibiera, lo que excluye a García como fuente de filtración.</p>

<p class="paragraph">Sánchez Conde se apoya en un voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes también argumentaron en favor de la absolución del exfiscal, apoyándose en el hecho de que la información ya era pública cuando llegó a sus manos.</p>

<p class="paragraph">Además, el dictamen establece una indemnización de 10,000 euros, una cifra que, según la teniente fiscal, parece irrisoria y mal fundamentada, considerando que el Fiscal General del Estado no tuvo influencia en las críticas que surgieron a partir de la difusión de la noticia.</p>