Clarifican el Impacto del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en Colombia
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha emitido un comunicado crucial que define el estado del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) ejecutado por la Policía Nacional. Este anuncio promete generar un debate sobre su implementación y sus implicaciones ambientales.
La ANLA Reafirma la Legalidad de las Operaciones de Aspersión
Según el pronunciamiento de la ANLA, las operaciones de aspersión terrestre del PECIG cuentan con la debida autorización y se llevan a cabo bajo un exhaustivo seguimiento. La institución destaca que no es necesario un nuevo permiso ambiental para continuar con estas acciones en el país.

Marco Normativo y el Uso de Drones en la Erradicación
La historia de este programa comenzó con la Resolución 1065 de noviembre de 2001, que estableció el Plan de Manejo Ambiental. Tras una pausa en septiembre de 2015, la ANLA revitalizó y ajustó el marco regulatorio con la Resolución 1524 de diciembre de 2016.
Este ajuste incorporó métodos terrestres específicos, como el uso de bombas de espalda y drones en la modalidad EATBAND. La ANLA subraya que la implementación de esta tecnología no es arbitraria; la Policía Nacional necesita obtener un aval técnico del Comité Técnico Interinstitucional antes de proceder.
Este respaldo asegura que el uso de drones cumpla con las normativas de operación y solo se activará después de validar el estudio de calibración ante la ANLA.

Actualizaciones en las Normativas Ambientales para 2025
El 25 de septiembre de 2025, la ANLA publicó la Resolución 2257, que refuerza las obligaciones ambientales del PECIG para proteger ecosistemas y comunidades locales. Entre las novedades más relevantes se incluye la exclusión total de las Áreas de Producción de Alimentos, prohibiendo completamente la aspersión en zonas destinadas a la seguridad alimentaria.

La resolución también establece límites más estrictos sobre los residuos de glifosato y su metabolito en fuentes de agua. Esta iniciativa será complementada por un plan de contingencia actualizado que incorpora fichas de gestión social para cuidar la integridad ambiental y el bienestar de las comunidades rurales.
De este modo, la ANLA asegura que el actual marco regulatorio es suficiente para controlar las acciones de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico.
Andrés Felipe Bejarano Bejarano
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
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