La decisión del Gobierno nicaragüense, liderado por Ortega, marca el inicio de una era en la que se cierran las puertas a la democracia, dejando a más de siete millones de ciudadanos sin la posibilidad de elegir un nuevo Ejecutivo en 2027. «Olvídense, aquí no habrá más elecciones para que ellos intenten atrapar el poder», declaró Ortega, acentuando un mensaje de autoritarismo en un contexto de creciente represión política.

Este movimiento radical por parte de Managua no ha provocado una respuesta contundente del Gobierno español, que ha optado por alinearse con una postura común de la Unión Europea, condenando la represión en Nicaragua sin tomar acciones más efectivas. Desde 2021, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado los procesos electorales en Nicaragua, tildándolos de «burla», pero su silencio actual contrasta con su firmeza pasada.

El Partido Popular (PP) de España ha denunciado de manera incisiva la situación en Nicaragua, poniendo énfasis en las sistemáticas violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Ortega y Murillo. La senadora Alicia García señaló que existe una persecución organizada contra opositores y periodistas, lo que mantiene al país en un estado de represión constante. La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza a Nicaragua por violaciones de derechos humanos, refuerza las demandas del PP para que el Gobierno español actúe.

Ante la gravedad de la situación, el grupo del PP ha propuesto una moción en el Senado que exige la liberación inmediata de los presos políticos y una condena contundente al régimen de Ortega. Esta moción busca instar al Gobierno de Sánchez a alinearse con las resoluciones de organizaciones internacionales que promueven el respeto por los derechos humanos y la instauración de la democracia en Nicaragua.

Los cuestionamientos hacia el Gobierno español también se refuerzan con una serie de preguntas a las que se espera que responda sobre las medidas que se tomarán en relación a Nicaragua. Estas preguntas buscan aclarar cómo se está planeando abordar la situación política en el país centroamericano y qué acciones se están tomando para proteger a los ciudadanos que enfrentan represalias por su activismo.

El PP, liderado por García, subraya que «la libertad y la defensa del Estado de derecho son principios innegociables que deben ser promovidos tanto en España como en el extranjero.» La portavoz del PP asegura que no se permitirá que los nicaragüenses sufran el mismo destino que sus vecinos venezolanos o cubanos, enfatizando la urgencia de actuar frente a un régimen que marcha hacia la opresión.