El manifiesto de Sedar destaca que el incidente no es un caso aislado, sino que refleja un problema estructural de larga data: la falta de estándares de seguridad obligatorios para procedimientos que necesitan sedación profunda o anestesia general. La sociedad científica exige que estos estándares sean codificados en ley, garantizando que la seguridad del paciente no varíe según el hospital o la organización del centro médico. «La seguridad del paciente debe ser un derecho protegido por la ley para todos los ciudadanos», subrayan.

La Complejidad de la Sedación Profunda

Los especialistas de Sedar advierten que la sedación profunda no es un procedimiento menor, sino un acto anestésico de alto riesgo que puede poner en peligro la vía aérea, la respiración y la estabilidad cardiovascular de los pacientes. Por esta razón, insisten en que se debe contar con los mismos estándares de seguridad que se aplican a la anestesia general, lo cual incluye la presencia constante de un médico anestesiólogo que se encargue de la evaluación preanestésica y el monitoreo del paciente durante el procedimiento.

Derechos de los Pacientes y Responsabilidad Profesional

Sedar también ha instado a los pacientes a proteger activamente su seguridad. La legislación española les otorga el derecho a saber quién será el profesional que administre su anestesia, su especialidad y quién vigilará el procedimiento. Por lo tanto, se recomienda solicitar esta información antes de firmar el consentimiento informado para asegurarse de que el proceso estará supervisado por un especialista en Anestesiología y Reanimación.

Necesidad de una Regulación Eficaz

El manifiesto resalta que la regulación actual es insuficiente y permite situaciones de riesgo que pueden llevar a incidentes graves como el reciente. La Sedar enfatiza la urgencia de que el Ministerio de Sanidad establezca una normativa clara que obligue a realizar cualquier sedación profunda o anestesia general solo por médicos especialistas. Según la organización, esta regulación sería fundamental para eliminar disparidades entre centros sanitarios y proporcionar un nivel de seguridad constante para todos los ciudadanos. «No solicitamos nada fuera de lo común: pedimos que se garantice por ley lo que ya es un estándar internacional de seguridad», expresan fuentes de la organización.