La exconsellera de Salut será juzgada por el retraso en la vacunación de policías y guardias civiles.

La exconsellera de Salut será juzgada por el retraso en la vacunación de policías y guardias civiles.

Alba Vergés, exconsellera de Salut, enfrentará juicio por demoras en la vacunación de fuerzas de seguridad

La exministra de Salud de Catalunya se verá obligada a afrontar un juicio debido a la controversia generada por el retraso en la vacunación contra la COVID-19 a policías y guardias civiles, tras ser desestimado su recurso.

La decisión de la Audiencia de Barcelona

La sección octava de la Audiencia de Barcelona ha decidido llevar a juicio a Alba Vergés (ERC) debido a indicios de conducta delictiva en relación con el manejo de la vacunación. Esta decisión se basó en la inadmisión del recurso presentado por Vergés contra la jueza instructora, quien había ordenado su procesamiento. Junto a ella, otros cinco implicados en esta controversia también serán juzgados, incluyendo al exdirector del Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, y otros altos funcionarios de salud.

Acusaciones de discriminación

La denuncia presentada por los sindicatos de policías JUPOL, SPP y JUCIL alega que la Generalitat discriminó a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la campaña de vacunación. A pesar de que su vacunación estaba programada para el 25 de marzo de 2021, un día antes se suspendió sin justificación aparente.

Paralización sin fundamento

Los denunciantes argumentan que la decisión de paralizar la vacunación fue «sorpresiva y sin causa justificada», ya que otros cuerpos policiales, como los Mossos d’Esquadra, ya estaban siendo vacunados. La medida se justificó con un cambio de criterios del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ordenó priorizar a mayores de 60 años, lo que generó desconcierto.

Implicaciones legales y morales

El tribunal ha destacado que la paralización de la vacunación careció de “cobertura jurídica” y sugiere que fue una decisión arbitraria. “Esta acción ha conducido a una discriminación palpable entre los diferentes cuerpos de seguridad”, se menciona en el auto. Además, se sostiene que la decisión no se basó en criterios justos ni objetivos, lo que implica una injusticia clara.

Demandas de la Fiscalía

La Fiscalía ha solicitado una inhabilitación de 12 años para Vergés y los demás procesados, argumentando que eran conscientes de que su decisión dejaba a los policías statales sin protección contra el virus, a diferencia de otros cuerpos que ya contaban con las vacunas.

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