Desde 2020, la deuda pública española ha experimentado un crecimiento abrumador, acumulando cerca de medio billón de euros, a pesar de un crecimiento nominal significativo en la economía.

En marzo de 2020, durante los primeros días de la pandemia, la deuda de las administraciones públicas se situaba en torno a los 1,26 billones de euros, lo que representaba aproximadamente el 101% del Producto Interno Bruto (PIB). Hoy, esta cifra se acerca a los 1,71 billones de euros.

En los últimos cinco años, el volumen de deuda ha crecido en aproximadamente 450.000 millones de euros, un aumento del 35,7%.

En el mismo lapso, la ratio de deuda sobre el PIB ha pasado del 101% al 103%, después de haber alcanzado un máximo del 124% en marzo de 2021.

La clave de esta situación radica en la diferencia entre la deuda absoluta y su peso relativo en relación con el tamaño de la economía.

Desde 2021, el PIB nominal ha avanzado notablemente, impulsado por la recuperación de la actividad económica y la inflación.

Aunque la deuda ha crecido sustancialmente en términos absolutos, la ratio se mantiene solo 1,8 puntos por encima de lo que era antes de la crisis sanitaria.

Además, este porcentaje se encuentra más de veinte puntos por debajo del pico registrado durante la pandemia.

La Evolución de la Deuda en Relación al PIB

Los últimos años muestran una clara tendencia a la baja en la ratio de deuda sobre el PIB, que pasó del 124% en 2021 a aproximadamente el 109% a finales de 2022.

Esta reducción, de casi quince puntos, fue impulsada por la reapertura de la economía y el crecimiento nominal debido a la inflación.

A partir de 2023, la reducción de la deuda se ha desacelerado, proyectándose un descenso a niveles entre el 101% y el 102% del PIB.

Aunque los recortes siguen siendo significativos, de unos tres a cuatro puntos anuales, la tasa de descenso ha mostrado signos de estabilización en torno al 103%.

“Lo esencial no es solo el nivel de deuda, sino la velocidad a la que disminuye”, explica Diego Martínez López, economista de la Universidad Pablo de Olavide.

Él afirma que el debate se centra ahora no solo en el nivel alcanzado, sino en la capacidad de mantener un ritmo de corrección que prevenga problemas de endeudamiento a largo plazo.

El contexto actual presenta un panorama significativo. Marzo de 2020 es el último momento en que se refleja una economía antes de los efectos drásticos de la pandemia.

Desde el segundo trimestre de 2020, el colapso de sectores y la implementación de medidas como los ERTE y el aumento del gasto sanitario generaron una enorme presión sobre las finanzas públicas.

En los años siguientes, se sumaron costos adicionales por medidas destinadas a mitigar la crisis energética y la inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania, manteniendo a España en un ciclo de alta deuda.

Esta situación ha sido resultado de una política fiscal expansiva aplicada de manera continuada para proteger el tejido empresarial y el empleo.

No obstante, este enfoque ha traído consigo un incremento significativo en el pasivo público.

El camino hacia adelante depende de varios factores críticos para la ratio de deuda, subraya el economista.

“La evolución de la deuda sobre el PIB dependerá no solo del crecimiento económico, sino también de los tipos de interés, la inflación y el saldo primario”, añade.

La inflación reciente ha contribuido a reducir el peso de la deuda al aumentar el PIB nominal, sin embargo, este no es un remedio sin efectos secundarios.

“Si bien la inflación puede ayudar a reducir la deuda, no es una solución sostenible y puede afectar negativamente a salarios, ahorro e inversiones”, advierte Martínez.

Los tipos de interés representan otro factor de riesgo. Tras años de tasas bajas, el costo del financiamiento ha incrementado y encarece el servicio de la deuda.

“Los tipos de interés pueden representarnos un desafío y son una variable que no podemos controlar totalmente”, reconoce Martínez. De ahí que la clave resida en el saldo primario, la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo los intereses.

Sin un presupuesto renovado y en un contexto de menor crecimiento, existe incertidumbre sobre la capacidad del sector público para generar el superávit necesario para acelerar la reducción de la deuda.

El análisis por subsectores revela que la Administración Central ha soportado la mayor carga de la deuda, pasando de alrededor del 91% del PIB antes de la pandemia a más del 111% en 2021.

Desde entonces, esta ratio ha disminuido, pero sigue manteniéndose alrededor del 95% del PIB, concentrando la mayoría de la deuda pública.

La deuda de la Seguridad Social también ha aumentado, alcanzando un saldo cercano a los 126.000 millones de euros, un incremento notable desde 2020, lo que refleja el déficit recurrente del sistema.

Aún así, la deuda de la Seguridad Social, que se sitúa aproximadamente en el 7,6% del PIB, está por debajo de la deuda de las comunidades autónomas, que supera el 20%.

No obstante, la situación es desigual entre las comunidades autónomas. Algunas de ellas, como Navarra, Canarias, Madrid, País Vasco y Asturias, se encuentran por debajo del 13% de deuda sobre el PIB, mientras que otras, como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Cataluña, están notablemente por encima.

Esta disparidad territorial plantea interrogantes sobre la reforma de la financiación autonómica y sobre la distribución de la carga fiscal que se deberá asumir en los próximos años.

“Algunas comunidades están en buena situación, mientras que otras continuarán enfrentando problemas por varios años, a pesar de que se ofrezcan alivios de deuda”, concluye Martínez.