Empresario detenido en Cádiz por explotación laboral de inmigrantes
La Policía Nacional ha arrestado a un empresario en Cádiz, implicado en graves delitos laborales y de inmigración, revelando la explotación de trabajadores extranjeros en restaurantes de comida rápida.
La detención se realizó durante la **Operación Naturke**, liderada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional. La investigación comenzó en enero, tras inspecciones en cuatro locales gastronomía rápida, todos de la misma propiedad, ubicados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano.
Condiciones inhumanas para los empleados
En las inspecciones, se encontraron cinco trabajadores pakistaníes en situación irregular, quienes fueron detenidos por violar la Ley de Extranjería, con procedimientos de expulsión ya en marcha. La investigación mostró que estos empleados enfrentaban condiciones laborales desafiantes: jornadas extensas sin días de descanso, vigilancia constante a través de cámaras, y sufrieron insultos y amenazas diarias.
Abuso de la vulnerabilidad
El empresario, aprovechando la falta de permisos de residencia y trabajo de sus empleados, facilitaba su situación de vulnerabilidad. La Policía también indaga en cómo presuntamente facilitaba la inmigración irregular, mediante el empadronamiento ficticio de extranjeros en propiedades vinculadas a él.
Registro de empadronamientos ilegales
A través de la investigación, se identificó que 34 extranjeros estaban empadronados en dos viviendas de su propiedad y en otras dos alquiladas, sin residir realmente allí. Este proceder facilitaba el arraigo necesario para la regularización administrativa de los inmigrantes, a menudo a cambio de dinero o mediante su explotación en los establecimientos del arrestado.
Aprovechamiento de la situación laboral
Las indagaciones revelaron que algunos trabajadores en situación regular estaban dados de alta en la Seguridad Social, aunque no desempeñaban ninguna actividad laboral, mientras que otros, en condiciones irregulares, trabajaban sin estar registrados. Las cantidades exigidas por el empresario para asegurar el arraigo y ofrecer contratos de trabajo variaban entre 6.000 y 8.000 euros.
La operación sigue activa y no se descartan más detenciones en el marco de esta investigación que pone al descubierto la dura realidad de la explotación laboral en el sector de la gastronomía rápida.
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