Álvaro García Ortiz impugna su condena: ¿Un giro inesperado en el tribunal?
Exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, busca anular la condena del Tribunal Supremo por revelar datos fiscales confidenciales. La estrategia legal abre un nuevo capítulo en su controvertida historia.
El exfiscal general Álvaro García Ortiz ha presentado una solicitud ante el Tribunal Constitucional para que se declare nula la condena que recibió el 9 de diciembre por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Esta condena se relaciona con la divulgación de datos tributarios del empresario Alberto González Amado, quien mantiene una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Repercusiones de la condena
La sentencia no solo implicó la inhabilitación de García Ortiz para ejercer como fiscal general durante dos años, sino que también conllevó el pago de una multa de 7.200 euros.
Argumentos de la defensa
En la demanda, respaldada por la Abogacía del Estado, se señala la supuesta violación de los artículos 24 y 25 de la Constitución, que garantizan el derecho a la presunción de inocencia y el principio de legalidad.
Un enfoque cuestionable del Supremo
La defensa argumenta que el Tribunal Supremo realizó una interpretación «sorpresiva» y «irracional» del delito de revelación de secretos. Según los abogados de García Ortiz, es ilegal mantener la relevancia penal de hechos que ya no se consideran secretos, dado que la información había sido divulgada previamente y era de conocimiento público.
El correo controversial y su contexto
El correo electrónico en cuestión, que admitía que González Amado había cometido delitos tributarios, había circulado por diversas manos y soportes, incluso llegando a periodistas en formato impreso.
Testimonios no considerados
La defensa también critica al Tribunal Supremo por no considerar el testimonio de varios periodistas, quienes, aunque protegidos por su derecho a no revelar fuentes, afirmaron tener conocimiento del correo antes de que la Fiscalía General del Estado lo hiciera público.
La nota de prensa en duda
García Ortiz también cuestiona la legalidad de la condena basada en una nota de prensa que emitió para desmentir rumores sobre su actuación. Según la sentencia, esta nota contenía datos reservados sobre González Amado; sin embargo, la defensa sostiene que la información ya era de dominio público.
Ambigüedad en la acusación
El reclamo legal destaca la «indeterminación de la acusación» a lo largo del proceso, alegando que el objeto de la acusación cambió en varias ocasiones, dificultando la defensa de García Ortiz.
El tema de los datos borrados
Sobre la eliminación de datos en su teléfono móvil, García Ortiz afirmó que, aunque se borraron mensajes el 16 de octubre de 2024, no se puede concluir que esos datos incluyan mensajes de meses anteriores. La defensa argumenta que la sentencia invierte la lógica de la presunción de inocencia, sugiriendo que la falta de evidencia podría interpretarse como culpabilidad.
Finalmente, la defensa refuerza su postulación al afirmar que el Tribunal Supremo actuó en contra de la presunción de inocencia al asumir que la eliminación de datos sin obligación legal se interpretaría como un intento de destruir pruebas.
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