La defensa de la dignidad laboral en los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha ha tomado un nuevo impulso. La Plataforma que agrupa a distintos profesionales del sector ha intensificado su campaña contra el Gobierno regional, al que responsabilizan de un modelo que fomenta la «precarización salarial» y ha abandonado a quienes son el pilar del sistema de bienestar público.

Desigualdades Salariales y Reivindicaciones

En sus recientes mensajes en redes sociales, el colectivo apunta directamente a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, a quien acusan de implementar políticas que perpetúan una brecha salarial de hasta el 40% entre aquellos que realizan las mismas funciones. “La Junta ha abandonado los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha”, recalcan en publicaciones que enfatizan el lema: “Mismo trabajo, mismo sueldo”.

Demandas al Gobierno Regional

La ofensiva también se dirige al presidente autonómico, Emiliano García-Page, a quien critican por no aceptar una reunión tras recabar más de 1,000 firmas en solo una semana. “¿Es este el diálogo social del Gobierno?”, cuestionan.

Un Problema Estructural

La denuncia central gira en torno al aspecto económico, pero también tiene implicaciones políticas. Los profesionales de Atención Primaria, incluidos trabajadores sociales, educadores y psicólogos, señalan que sus ingresos rondan los 1,400 euros mensuales, independientemente de las similitudes en responsabilidades y funciones con sus colegas mejor remunerados.

La causante de esta disparidad, según aclaran, se debe a que muchos están contratados a través de ayuntamientos y mancomunidades, lo que les sitúa en una situación desfavorable desde 2010, ya que los convenios no han sido actualizados.

La Llamada por la Justicia Social

“No puede haber cohesión social si quienes sustentan el sistema viven en precariedad”, afirman los profesionales, con motivo del Día Mundial de la Justicia Social. La reivindicación va más allá de la economía y busca visibilizar el impacto de la precariedad laboral en la atención y en la calidad del servicio brindado.

Un Sistema en Crisis

La campaña también pone de relieve un conflicto político sensible. Los profesionales manifestaron que el enfoque en la dependencia, uno de los pilares del Gobierno, no debe eclipsar la Atención Primaria, que es fundamental para una justicia social real. “Si no cuidamos la base, no habrá justicia social”, alertan.

Impacto en Entornos Rurales

Desde la Plataforma aseguran que la precariedad laboral afecta directamente la calidad del servicio, sobre todo en áreas rurales, donde los equipos enfrentan una alta carga asistencial y una escasa dotación de personal. “La consejería defiende un modelo de precarización salarial”, argumentan, evidenciando la creciente evidencia de discriminación laboral.

Un Silencio que Habla

A pesar de las solicitudes de diálogo, hasta el momento no ha habido una respuesta formal de la Consejería de Bienestar Social. La presión pública está en aumento, impulsada por una campaña digital que desafía al presidente regional y que podría interpelar directamente al ámbito parlamentario.

Las cuestiones laborales han trascendido a un debate político relevante, ya que el reclamo de estos profesionales afecta al núcleo del discurso gubernamental sobre el mantenimiento del sistema de Servicios Sociales.

La incómoda pregunta queda flotando en el aire: ¿cómo se puede sostener un discurso de justicia social si quienes lo implementan viven en condiciones de precariedad estructural?