El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar documentos secretos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para reformular sus preguntas al Gobierno. En un contexto donde se cumplen 45 años de este episodio, Feijóo procura que se sigan los pasos de transparencia y que se desvele toda la información relacionada con asuntos polémicos.

El líder opositor ha instado al presidente Sánchez a que, en pro de la transparencia, también se hagan públicos «los contratos que han terminado en mordida», así como los viajes en Falcon a destinos como la República Dominicana y los vínculos de su partido con controversiales eventos como el DelcyGate.

Reclamos y dudas sobre inmigración

Feijóo no se detuvo ahí y añadió preguntas sobre el reciente apagón eléctrico y las cifras de la regularización de inmigrantes ilegales, sugiriendo que podría sobrepasar el millón, a diferencia de los 500.000 que se afirmaron inicialmente desde Moncloa. Estas cuestiones resaltan la creciente preocupación por la transparencia en la gestión del actual Gobierno.

La respuesta de Sánchez

Por su parte, Sánchez tachó de «desafortunada» la intervención de Feijóo, cuestionando qué les incomoda de desclasificar los documentos sobre el 23-F. Enfático, el presidente concluyó reiterando su mensaje de que «España va como nunca y ustedes mienten como siempre».

Promesas y comparaciones históricas

Feijóo, recogiendo el desafío, prometió que no hará falta esperar otros 45 años para conocer las irregularidades de Sánchez. Aseguró que, si es elegido en La Moncloa, «no pasarán 45 días» para esclarecer lo que ha ocurrido bajo su administración. En este sentido, también evocó la figura de Adolfo Suárez, quien lideró España durante el 23-F, y lo contrastó con los actuales pactos del Gobierno con Bildu, argumentando que esto desvía la atención de las preocupaciones ciudadanas.

Desafíos legislativos en el Congreso

El escenario en el Congreso se complica aún más. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha confirmado que su grupo votará en contra del Real Decreto sobre el escudo social que se discutirá. Esto marcará la segunda ocasión en un mes que la propuesta no logra avanzar, obligando al Gobierno a formular cambios significativos si desea seguir adelante con la legislación.

Las exigencias de Junts

“Escudo social, sí; ocupaciones, no”, afirmó Nogueras, sugiriendo que el Gobierno separe la inclusión de medidas contra las ocupaciones si quiere su apoyo. Esta situación refleja la delicada posición en la que se encuentra el Gobierno, que enfrenta la presión de parte de sus aliados tradicionales, como Podemos, para integrar políticas clave como la moratoria anti-desahucios.

La estrategia de Moncloa ante el panorama incierto

Ante esta encrucijada, el Gobierno ha buscado un pacto con el PNV para acercarse a Junts, aunque parece que la alianza entre ambos se ha desgastado. El desafío radica en cómo modificar el decreto sin perder el apoyo de otros aliados, como Sumar o Bildu.

Las respuestas de los partidos opositores indican que la situación es volátil. PP y Junts apoyarán el aumento de pensiones según el IPC en el próximo pleno, mientras que el ministro del Transporte, Ángel Víctor Torres, deberá gestionar la presentación de un nuevo decreto en ausencia de Óscar Puente por asuntos privados.