Una enfermera especializada en geriatría debe completar un mínimo de seis años de formación académica y práctica, pero un alarmante número de estas profesionales se encuentra trabajando bajo contratos de hostelería. Este fenómeno, aunque difícil de cuantificar, afecta a alrededor del 85,8% de los centros privados, generando serias inquietudes sobre la calidad de la atención brindada a los mayores.

Un informe del Instituto Español de Investigación Enfermera, presentado recientemente, destaca la inminente amenaza que enfrenta la atención a los ancianos en residencias debido a la falta de datos y estudios precisos sobre las enfermeras. El documento, titulado ‘Necesidad de asegurar la presencia de enfermeras en residencias para mayores en situación de dependencia’, refleja preocupaciones críticas sobre esta problemática.

A menor presencia de enfermeras, mayor riesgo para los ancianos

Con la proyección de que para 2033, una de cada cuatro personas en España tendrá más de 65 años, los especialistas enfatizan la urgencia de mejorar la cantidad de enfermeras en residencias. “Menos horas de atención enfermera conllevan un mayor riesgo de eventos adversos. Esto se traduce en un aumento de úlceras, caídas, hospitalizaciones evitables y, en última instancia, una mayor mortalidad”, advierte Guadalupe Fontán, coordinadora de la investigación.

Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta I del CGE, ha resaltado que “cuidar de nuestros mayores es una de las más grandes responsabilidades de nuestra sociedad. La atención que se les proporciona actualmente es insuficiente y no se adapta a la complejidad de sus necesidades”. La preocupación también recae en la falta de datos precisos sobre el número y las condiciones laborales de las enfermeras en estas instituciones.

Desigualdades en la atención según la comunidad

El informe revela que los acuerdos propuestos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales en los años 2008 y 2022 carecen de regulaciones claras sobre el número mínimo de enfermeras en residencias. Actualmente, solo nueve comunidades autónomas cumplen con alguna normativa específica, y ninguna exige la presencia de al menos una enfermera las 24 horas.

¿Falta de interés político en la situación laboral?

Desde el CGE se estima que alrededor de 20.000 enfermeras están trabajando en residencias, pero este dato es aproximado ya que muchas están distribuidas en múltiples centros. “No existe una intención clara, a nivel gubernamental, de obtener información precisa y actualizada sobre la situación”, señala el CGE.

La reciente convocatoria del examen EIR (Enfermero Interno Residente) ha planteado preocupaciones adicionales al ofrecer solamente 99 plazas en la especialidad de Enfermería Geriátrica, lo cual es insuficiente dada la creciente demanda de atención geriátrica en el país. Diego Ayuso, secretario general del CGE, ha manifestado su oposición a la medicalización de las residencias, pero aboga por una mejora en la calidad de la asistencia y la regulación de la profesión.

En vista de estas preocupaciones, el estudio concluye que es vital modificar el marco normativo para proteger la presencia de enfermeras en las residencias, así como abordar los problemas estructurales que limitan la disponibilidad del personal especializado.