Escándalo en el Servicio Vasco de Salud: 253 bebés vacunados con dosis caducadas
La administración de vacunas no válidas ha generado preocupación en la comunidad sanitaria. Aunque las autoridades aseguran que no hay riesgos para la salud, se recomienda repetir la vacunación.
El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza está bajo la lupa luego de que se revelara que 253 personas, la mayoría de ellas bebés, recibieron vacunas hexavalentes que habían caducado recientemente. Esta situación provocó la reacción del grupo político EH Bildu, que solicitó explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez.
Detalles del incidente
La denuncia fue realizada por EH Bildu, alertando sobre la administración de dosis caducadas a “decenas de niños”. Osakidetza confirmó el hecho, aclarando que se trató de vacunas hexavalentes contra la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B, que pertenecían a un lote cuyo vencimiento había pasado.
Un caso que abarca casi todo Euskadi
Las dosis se distribuyeron en 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas del País Vasco, abarcando así gran parte del territorio. Las autoridades han comenzado a contactar directamente con las familias afectadas para proporcionar información y pautas a seguir.
Recomendaciones para los vacunados
Osakidetza ha recomendado a los afectados recibir una nueva dosis de la vacuna hexavalente para garantizar una adecuada protección. Los centros de salud han comenzado a concertar citas para estas nuevas aplicaciones.
Tranquilidad para las familias
Desde el Departamento de Salud, se busca transmitir calma, ya que, según los especialistas, no se anticipan efectos adversos por la aplicación de las vacunas caducadas. Todo el proceso está bajo control y se están siguiendo las directrices de los organismos de salud pública.
Denuncias y exigencias de EH Bildu
EH Bildu, que destapó el caso, sospecha que podría haber más irregularidades, incluyendo la administración de segundas dosis también caducadas. La parlamentaria Rebeka Ubera ha señalado que Osakidetza no ha realizado un seguimiento adecuado de la situación y ha cuestionado la organización interna del servicio de salud.
Demandando claridad
Ubera exige al consejero Martínez un informe detallado sobre el número real de afectados y si se ha informado debidamente a las familias sobre los riesgos implicados. Este caso plantea importantes interrogantes sobre la gestión de la salud pública en la región.
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