Las quejas no se han hecho esperar: los afectados por la expansión de la línea 7B del Metro en San Fernando de Henares han alzado la voz para denunciar que, en febrero, el Gobierno regional cesó el pago de alquileres a familias que fueron desalojadas en 2022. A casi tres años de su desalojo, aún no han recibido indemnización ni solución habitacional.

Familias en la cuerda floja ante la falta de respuestas

La Plataforma 7B Afectados por Metro ha expresado su preocupación por la situación crítica de estas 13 familias que, después de perder sus hogares, se enfrentan al dilema de pagar alquileres que resultan inasequibles en el actual contexto del mercado de vivienda. “Es inaceptable que queden en el desamparo tras la demolición de sus casas”, comentaron desde la plataforma.

Las movilizaciones son inminentes. La plataforma ha hecho un llamado a la comunidad y organizaciones sociales para unirse en esta lucha por la dignidad y justicia, exigiendo que se preserve el apoyo económico para los alquileres hasta que se complete el proceso de indemnización.

Desafíos financieros para los desalojados

En medio de esta situación, algunas familias todavía están pagando hipotecas de viviendas que ya no existen. Los efectos económicos se vuelven insostenibles, con costos adicionales como impuestos sobre los terrenos de donde estaban ubicadas sus casas. “No es justo que tengamos que cargar con gastos de mantenimiento de solares que ya no están en uso”, añaden.

Reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Por su parte, la Comunidad de Madrid aseguró que todos los pagos por concepto de alquiler serán realizados en cumplimiento con los procedimientos administrativos. Afirman que los expedientes que se han tramitado correctamente están en proceso de pago, y se espera que en los próximos días se abonen las ayudas correspondientes.

No obstante, el Gobierno ha indicado que en los casos donde los alquileres no se hayan recibido aún, es porque están en proceso de indemnización por responsabilidad patrimonial, lo cual sigue avanzando por las vías administrativas. Hasta la fecha, se han aprobado 84 indemnizaciones sumando un total de 12 millones de euros, garantizando que se actuará con agilidad para resolver los casos pendientes.