El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de excepción, una medida que se ha implementado para abordar la «grave conmoción interna» provocada por el aumento de la actividad delictiva. Este decreto afecta a nueve provincias y varios municipios, reflejando la urgencia con la que el gobierno enfrenta esta problemática.

Medidas del Estado de Excepción

Con el nuevo estado de excepción, las Fuerzas Armadas se suman a las operaciones de seguridad pública, trabajando en conjunto con la Policía. Esto incluye la suspensión de derechos como la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, permitiendo a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones sin necesidad de una orden judicial previa en casos de sospecha de delito.

Área de Aplicación del Decreto

Las provincias afectadas son Pichincha (donde se ubica Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, incluye ciertos cantones de otras provincias, reafirmando el alcance de la medida en áreas críticas frente al narcotráfico y la violencia.

Fundamentos del Nuevo Decreto

El gobierno de Noboa justifica esta decisión alegando un aumento en el narcotráfico, así como un incremento significativo en los casos de extorsiones y asesinatos selectivos. Según un informe de inteligencia, la violencia en el país no es homogénea y se concentra en ciertas regiones, sobrepasando las capacidades del estado bajo circunstancias normales.

Efectos en la Población y Derechos Humanos

El estado de excepción ha sido una respuesta constante del presidente desde que asumió su cargo, aunque organizaciones de derechos humanos advierten sobre su impacto negativo en la protección de libertades fundamentales. A pesar de que el gobierno sostiene que la violencia ha disminuido, 2025 fue uno de los años más violentos en la historia reciente de Ecuador, con un notable índice de homicidios.

Además, el informe señala un deterioro rápido en el espacio cívico del país, con informes de represión violenta y criminalización de protestas, especialmente aquellas lideradas por grupos indígenas contra decisiones gubernamentales.

Conclusiones sobre la Situación Actual

Si bien el gobierno promueve el estado de excepción como una medida de protección para la ciudadanía, las críticas sobre su implementación y efecto en los derechos humanos continúan creciendo en el ámbito internacional. Las acciones para frenar el crimen amenazan con erosionar las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos.

Con información de EFE y medios locales.