SUP solicita informes sobre la escolta de Sarah Santaolalla

SUP solicita informes sobre la escolta de Sarah Santaolalla

La Controversia por la Escolta de Sarah Santaolalla: Reacciones en el Ámbito Policial

La decisión de proporcionar una escolta policial a la activista Sarah Santaolalla ha generado un fuerte debate en el sector de la seguridad. Los sindicatos de policías han alzado la voz y exigen aclaraciones sobre esta medida.

Exigen Transparencia en la Asignación de Recursos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado conocer los informes técnicos que justifican la asignación de recursos policiales para la protección de Santaolalla. En un comunicado, el sindicato pidió al gobierno una mayor transparencia sobre cómo se determinaron los criterios para activar este operativo excepcional, asegurando que es crucial entender de dónde provienen los efectivos destinados a esta tarea.

Normativas que Regulaban la Protección Policial

Según el SUP, la protección a particulares está regulada por la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece que este tipo de medidas solo se pueden adoptar en caso de riesgo grave e inminente para la vida o integridad de la persona. Este aspecto ha llevado al sindicato a cuestionar la legitimidad de la escolta asignada a la activista, recordando que cualquier decisión debe respaldarse en una valoración técnica de riesgo.

Preocupación por la Carga de Trabajo en las Unidades Policiales

Los sindicatos también han expresado su inquietud por el impacto que esta decisión puede tener en unidades policiales ya sobrecargadas. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer, que actualmente maneja una cantidad elevada de casos, se encuentra operando con recursos limitados, lo que ha llevado a los agentes a alertar sobre la necesidad de más apoyo para cumplir adecuadamente sus funciones.

Reacciones del Sindicato Mayoritario

Jupol, el sindicato mayoritario del cuerpo de policía, también se pronunció sobre la situación, calificando la medida de protección como «incomprensible». La controversia está en aumento, y la preocupación de los sindicatos refleja un clima de tensión en torno a la gestión de recursos policiales en el país.

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