Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando una mujer fue ingresada en el Hospital de Día del pasaje Còrsega, gestionado por la fundación CPB, para ser evaluada en un programa de atención psiquiátrica. Desde su primera sesión, solicitó que las charlas se realizaran completamente en catalán, pero su pedido fue ignorado.

Desoído el Derecho a la Lengua Propia

El primer contacto que tuvo la paciente fue con un enfermero que le comunicó, de manera poco amable, que “no se sentía cómodo hablando en catalán”. A pesar de su insistencia, el 1 de marzo, una médica le informó que no se podía obligar a ningún profesional a hablar en catalán, comparando su solicitud a una posible negativa a un tratamiento médico.

Conversaciones que Generaron Confusión

El Contexto de la Negativa Inicial

Días después, una psiquiatra reiteró que la exigencia de tratar en catalán no era un chantaje, sino un “baño de realidad”. Posteriormente, se le notificó que si no aceptaba las condiciones impuestas, no podría recibir tratamiento alguno en dicho centro, además de que se limitarían sus opciones de atención.

Falsedades en el Informe de Alta

Plataforma per la Llengua ha denunciado que el informe de alta asevera que “la paciente decidió no iniciar tratamiento”, una afirmación que consideran totalmente falsa. Ante esta situación, la afectada reclamó una investigación interna y una reubicación a otro centro, pero lo que recibió fue una desestimación por parte de la fundación.

Reacción de las Instituciones

Frente a la falta de respuesta, la paciente contactó a Plataforma per la Llengua, que presentó una nueva reclamación. A pesar de que la mujer fue finalmente redirigida a otro centro, dicho proceso no estuvo exento de conflictos, ya que el personal médico la reprendió por haber grabado sus conversaciones.

El Fallo y las Consecuencias

Una Multa que dejó huella

Como resultado de la reclamación, la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria multó al CPB con 3.006 euros, una sanción que la institución intentó apelar, argumentando que no se tuvo en cuenta la totalidad de los hechos. Actualmente, la paciente, apoyada legalmente, exige al Servei Català de la Salut el reconocimiento de su responsabilidad patrimonial, así como indemnizaciones que ascienden a 30.000 euros.