Los audios y correos internos que han salido a la luz en relación con el Hospital de Torrejón evidencian un sistema donde la rentabilidad se antepone al bienestar del paciente. Este caso, que no es aislado, resalta un grave problema en la gestión de servicios esenciales: ¿puede un servicio público sobrevivir en un entorno donde el capital manda?

La lógica detrás de la rentabilidad

Un alto directivo de Ribera Salud admitió que “la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”. Esto significa que cada paciente no atendido representa un ahorro y, por ende, un incremento del beneficio. La preocupación ya no es cómo atender mejor a los pacientes, sino a quién atender para maximizar ganancias.

El impacto de la privatización

Este escándalo no es solo un hecho aislado, sino un síntoma de un modelo que prioriza intereses económicos sobre las necesidades de los pacientes. El riesgo de tomar decisiones clínicas basadas en criterios de rentabilidad plantea interrogantes sobre la ética y la equidad en la atención médica.

Replantear la gestión sanitaria

La situación en Torrejón llama a una revisión profunda de la gestión privada dentro de la sanidad pública. No se trata de desestimar al sector privado, sino de establecer límites claros para proteger un derecho fundamental: la salud.

Urge una legislación robusta

Desarrollar una Ley de Gestión Pública que impida la injerencia de intereses económicos en la atención sanitaria es fundamental. Esta normativa debe asegurar que hospitales y servicios esenciales permanezcan bajo control público, limitando la influencia del sector privado y estableciendo mecanismos de transparencia y responsabilidad.

Hacia un futuro más equitativo

Para construir un sistema de salud verdaderamente equitativo, es necesario erradicar la opacidad que favorece la manipulación, garantizar el respeto por los derechos de los pacientes y fortalecer la atención primaria. La voz del ciudadano debe tener un lugar en la supervisión del sistema sanitario, asegurando que ninguna decisión se tome al margen de la ética y la salud pública.

El futuro del sistema de salud pública depende de una legislación que sea un verdadero refugio contra la influencia mercantil. Solo así se podrá garantizar que la salud del pueblo no se sacrifique en aras de beneficios económicos, asegurando la confianza necesaria para un sistema que, por su naturaleza, debe ser solidario y justo.