Una nueva era de protección ecológica

La decisión, formalizada a través de la Resolución 0280 de 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro, se alinea con una estrategia del Ministerio de Ambiente para establecer reservas naturales temporales en ecosistemas clave. Este movimiento es parte de un esfuerzo continuo que comenzó en 2024, centrándose en frenar la expansión de industrias extractivas mientras se recopila información vital para futuras decisiones sobre el uso del suelo.

Foto: Juan Pablo Rueda – EL TIEMPO.

¿Qué son las reservas temporales?

Las reservas temporales permiten al Estado definir áreas donde se restringen nuevas licencias mineras o de hidrocarburos por un período previamente establecido, generalmente de dos años. Su objetivo es aplicar el principio de precaución al suspenden nuevas actividades mientras se evalúan las características ambientales de la región.

Durante la vigencia de la reserva, no se pueden otorgar nuevos títulos mineros ni firmar contratos de exploración. Sin embargo, los proyectos existentes pueden continuar operando hasta finalizar, aunque sin posibilidad de prórroga. Esta figura fue inicialmente promovida bajo el Decreto 044 de 2024 y ha evolucionado en su aplicación.

La trayectoria: de Santurbán a la Sierra Nevada

El primer ejemplo exitoso de esta medida fue en el Macizo de Santurbán, donde se estableció una reserva temporal de 75.000 hectáreas para proteger cuencas hídricas esenciales para más de un millón de personas. Su propósito era evaluar científicamente la viabilidad de las operaciones mineras en un área ricas en biodiversidad.

Con la declaración de reserva en la Sierra Nevada de Santa Marta, la política aumenta su alcance, abarcando un ecosistema crucial para la regulación hídrica en el Caribe colombiano, con un área más de diez veces mayor que la de Santurbán.

Foto: Melissa Múnera Zambrano

Implicaciones: equilibrio entre ecología y economía

Desde el Gobierno se defiende que las reservas temporales son fundamentales para proteger el capital natural, en especial el agua. En el caso de la Sierra Nevada, se destaca su importancia en la seguridad hídrica del Caribe y en la conservación de uno de los ecosistemas más biodiversos. Sin embargo, la medida ha encontrado resistencia.

Los críticos, especialmente en el sector minero, argumentan que la creación de estas reservas podría desincentivar inversiones, obstaculizando nuevos proyectos y generando incertidumbre. Además, temen por el impacto local de esta decisión en economías basadas en la minería, que requieren alternativas de desarrollo adecuadas.

Si bien la medida es de naturaleza temporal, algunos expertos advierten que podría extenderse, creando confusión sobre el futuro uso del suelo en la región. También hay inquietudes sobre cómo las actividades mineras en curso podrían verse afectadas en términos de licencias y contratos.

Con la Sierra Nevada, la magnitud de la reserva plantea un debate multifacético. Se prevé que durante los próximos dos años se realicen estudios que permitan definir científicamente qué zonas permanecerán libres de minería y cuáles podrían permitir ciertas actividades compatibilizadas.

Asimismo, esta decisión subraya el respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, quienes consideran este territorio como un espacio sagrado y vital para su cultura.