Andalucía Impulsa Nuevas Normas para Regular la Vivienda y Combatir el Alquiler Turístico
La reciente publicación de la Ley de Vivienda en el Boletín Oficial del Estado marca un paso decisivo en la regulación del sector inmobiliario en Andalucía. Esta legislación, respaldada únicamente por el PP, entra en vigor el próximo 24 de enero y tiene como objetivos centrales incrementar la oferta de viviendas de protección oficial (VPO) y combatir el uso turístico indebido de estas propiedades.
Entre las disposiciones más significativas de la nueva ley, destaca la severidad de las sanciones para aquellos propietarios que decidan alquilar una vivienda de protección oficial para turismo. Según el artículo 117, dicha acción será considerada una infracción muy grave, con multas que podrían alcanzar los 120.000 euros.
Derechos y Deberes de los Propietarios
La ley establece también las obligaciones de quienes ostenten derechos sobre viviendas protegidas. Estas incluyen:
Los propietarios deben informar a la Administración si adquieren otra vivienda del mismo tipo, quedando prohibido poseer más de una. Asimismo, al vender una vivienda protegida, deberán cumplir con diversas normativas relacionadas con la transmisión de propiedad.
Objetivo de 20.000 Nuevas Viviendas Asequibles
La nueva normativa complementa el ambicioso ‘Plan Vive en Andalucía 2020-2030’, que tiene como meta fomentar la construcción de 20.000 viviendas protegidas en alquiler a precios accesibles en un plazo de cinco años. Este esfuerzo busca garantizar un hogar para todos, especialmente para aquellos en situaciones vulnerables.
Lucha contra el Alquiler Vacacional Ilegal
Además, esta ley se alinea con la iniciativa más amplia del Consejo de Gobierno andaluz, que busca endurecer las sanciones para el alquiler turístico ilegal. Las reformas propuestas en el proyecto de Ley de Turismo Sostenible, que se aprobarán en el primer semestre de 2026, aumentan las multas para infracciones leves de 2.000 a 10.000 euros y las graves de 18.000 hasta 100.000 euros. Las sanciones consideradas muy graves ahora oscilarán entre 100.000 y 600.000 euros.
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