La Corte Suprema brasileña determinó la prisión inmediata de casi todos los condenados por un escándalo de corrupción que sacudió el primer Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-10), entre ellos, su ex mano derecha José Dirceu, el líder histórico del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), José Genoíno y su ex tesorero de campaña Delúbio Soares.
Considerado el hombre que llevó a Lula a la presidencia, Dirceu, que fue descubierto este jueves descansando en un resort de lujo en Bahia, informó a través de su abogado, que cumplirá la pena. Dirceu fue condenado a diez años y diez meses de prisión; Genoíno, a seis años y once meses, y Soares, a ocho años y once meses. El año pasado la Corte Suprema juzgó a los 38 acusados del caso y declaró 23 culpables.
Ellos fueron condenados por corrupción activa y asociación ilícita, pero tienen derecho a un nuevo juicio por el segundo delito. Los tres cumplirán sus penas en régimen semiabierto, que los obliga a dormir en la prisión. El ex director del estatal Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, setenciado a 12 años y siete meses, será el primero a ir a la prisión en tiempo integral.
«En ningún país del mundo hay un derecho infinito a apelar», declaró el juez Roberto Barroso, sobre un proceso que se extiende desde 2005 y que medios brasileños han hecho conocer como el “Juicio del Siglo”. El caso se refiere a fondos en negro para financiar la campaña presidencial de Lula, y otra para sobornar legisladores, prácticas que han sido comunes en el intrincado sistema político brasileño. El caso es conocido en Brasil como “mensalão” (el gran sueldo).
Es la primera vez en la historia brasileña que políticos de tanta trascendencia son juzgados, condenados y presos por delitos de corrupción política. El escándalo, que derribó a los principales hombres de Lula y del PT, provocó el surgimiento de nuevos líderes en la agrupación, entre ellos, Dilma Rousseff, la actual presidente del país. Lula y los principales líderes del PT, consideran el caso una acción de la oposición y de parte de los medios de comunicación contra sus gobierno sobre prácticas que son habituales en la política nacional. La oposición se ha visto envuelta en casos similares que aún no han sido juzgados. Fuente: ABC