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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha elevado este lunes el tono de la respuesta a EE UU al advertir que, “de confirmarse”, la realización de prácticas de espionaje masivo en España por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) “podría suponer una ruptura del tradicional clima de confianza” en las relaciones entre ambos países. Margallo ha ido más allá del comunicado difundido por su propio departamento al recordar que no solo se trata de una “práctica inaceptable” entre países amigos y aliados, sino de una vulneración de los derechos a la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, a los que la legislación española protege “al máximo nivel”, con el Código Penal. Es decir, que si se demuestran unos hecho de los que Margallo dice que aún no tiene “constancia oficial”, la NSA podría haber incurrido en delitos perseguibles de oficio.
La entrevista entre el embajador estadounidense en Madrid, James Costos, y el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo (con quien Margallo ha hablado esta mañana en dos ocasiones desde Varsovia, donde se encuentra en visita oficial), no ha servido para despejar las dudas sobre el espionaje. Al contrario. Costos no ha desmentido que la NSA haya rastreado millones de llamadas, SMS, correos electrónicos, tráficos a través de Internet y las redes sociales; más de 60 millones solo entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013, según un artículo publicado hoy en El Mundo por el periodista Glenn Greenwald. Ni siquiera ha ofrecido garantías de que Rajoy y otros miembros del Gobierno, el actual o el anterior, no hayan sido espiados. El Gobierno sospecha que ha sido así y que hay españoles entre los al menos 35 dirigentes mundiales espiados por la NSA, según un documento filtrado por el exanalista Edward Snowden.
Margallo ha excusado la falta de respuestas del embajador, alegando que este acaba de incorporarse a su puesto y que se ha comprometido a “pedir la información y transmitirla al Gobierno español”. Lo cierto es que es la tercera vez que España la reclama (en julio lo hizo en Washington el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito; y en agosto se le reclamó al encargado de Negocios de EE UU en Madrid, Luis G. Moreno), hasta ahora sin éxito.
Ante la falta de respuesta, Margallo no ha descartado que se pida un investigación al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –“no tengo noticia del trabajo de los servicios de información españoles y, si la tuviera, no se la daría—y ha dicho que su departamento baraja acciones en varios ámbitos: la ONU, la UE y bilaterales. En la ONU, Alemania y Brasil promueven una iniciativa a favor de la confidencialidad de las comunicaciones; mientras que la UE ha puesto en marcha un grupo de trabajo para negociar con EE UU la protección de datos personales. España, de momento, no se plantea unirse a las negociaciones que Francia y Alemania mantendrán con Washington para fijar un marco de actuación de los servicios secretos.
Margallo ha hecho estas declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo polaco, Wladyslaw Sikorski, quien ha restado importancia al espionaje de la NSA, alegando que incomoda más a los gobiernos que aplican políticas diferentes a las que predican; y ha añadido que, “desde un punto de vista personal”, le preocupa más el espionaje procedente de “otros países de los que ahora se habla menos, pero que estamos seguros que [también] lo realizan”. Una alusión apenas velada a Rusia.
Costos fue convocado por orden del presidente Mariano Rajoy. Un comunicado del ministerio de Exteriores afirma que Madrid reiteró al Embajador su «preocupación por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en los últimos días» y subrayó «el necesario equilibrio que todo sistema debe mantener entre la seguridad y la defensa de la privacidad e intimidad de las comunicaciones, tal como recoge claramente la legislación española».
España transmitió a Estados Unidos «la importancia de preservar el clima de confianza que rige en las relaciones bilaterales y de conocer el alcance de unas prácticas que, de ser ciertas, son impropias e inaceptables entre socios y países amigos».
Costos, según la nota, señaló que «trasladará a sus autoridades esta preocupación» y ha mostrado su convencimiento de que, en el marco de la colaboración existente en todos los ámbitos entre ambos países, «el Gobierno de Estados Unidos despejará las dudas que han surgido sobre este asunto».
El embajador adelantó, en una entrevista con este diario el pasado 24 de septiembre, la respuesta que daría al Gobierno español ante una eventual petición de explicaciones: “Lo que ha pasado es algo que otros hacen también”. Pero no aclaró qué es lo que ha pasado. Ni tampoco lo que Estados Unidos y otros países hacen.
Los embajadores estadounidenses que han sido convocados por el mismo motivo en otros países han eludido entrar en los detalles e informado de los objetivos de la recolección de datos y de la decisión del presidente Obama de llevar a cabo una revisión del programa, especialmente en relación con la capacidad de inteligencia con respecto a los aliados. «Queremos asegurarnos de que recopilamos información porque la necesitamos, no solo porque podemos», dijo Lisa Monaco, asesora del presidente en materia de lucha antiterrorista.
La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense espió 60 millones de llamadas en España entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de este año. La información recabada no incluyó el contenido de las llamadas pero sí el número de teléfono del receptor y del emisor, sus ubicaciones, la duración y el número de serie de los teléfonos, según la información hecha pública por el bloguero estadounidense Glenn Greenwald, que ha tenido acceso a los documentos secretos filtrados por el exanalista de la NSA Edward Snowden.
El Gobierno ha decidido dar una respuesta de bajo perfil ante las revelaciones de espionaje. Su objetivo es no deteriorar la estrecha colaboración entre los servicios secretos de ambos países
De hecho, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), principal servicio secreto español, daba por descontado desde que empezó el goteo de informaciones sobre el espionaje electrónico masivo perpetrado por Estados Unidos que la NSA había interceptado masivamente comunicaciones privadas en España, pero descartaba que hubiera tomado como objetivos selectivos a políticos españoles.
Pero al hilo de las revelaciones de que el correo electrónico de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el móvil de la canciller alemana, Angela Merkel, fueron interceptados esa confianza se fue resquebrajando. Los documentos difundidos por el diario británico The Guardian indican que no solo ellas, sino un total de 35 líderes mundiales fueron espiados por la NSA.
En España la interceptación de comunicaciones y el acceso a datos (las identidades del emisor y el receptor de la llamada, el SMS, o el correo electrónico, fecha, hora y duración) sin el requerido control judicial, constituye un delito. Los datos revelados Greenwald y que publica El Mundo confirman el alcance de este espionaje masivo.
Madrid es una de las 80 ciudades del mundo desde donde la NSA, en colaboración con la CIA, espía al mundo. España y EE UU estrecharon su cooperación contra el terrorismo de ETA y el yihadista en 2001. El entonces presidente José María Aznar dio vía libre a los servicios secretos estadounidenses para operar en territorio español durante una reunión con el presidente George W. Bush en Washington solo dos meses después del 11-S. A cambio, Aznar pidió a Bush que facilitara al CNI equipos avanzados de interceptación de comunicaciones.
Las noticias de que EE UU espió el móvil de Merkel, rastreó masivamente en España e interceptó unos 70 millones de llamadas en Francia derivaron en que el caso se convirtiera la semana pasada en protagonista absoluto de la cumbre de la UE, de la que salió una tímida iniciativa franco-alemana para fijar un marco de actuación de los servicios secretos. Rajoy dijo entonces que no planeaba sumarse a la propuesta de los dos grandes socios. Tampoco tenía previsto el presidente del Gobierno encargar una investigación al CNI. Fuente
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