Crisis económica: 1 de cada 4 vehículos ha dejado de transitar las Autopistas

Las 28 autopistas de peaje estatales tuvieron un tráfico medio diario de 16.641 vehículos, frente a los 23.909 que alcanzaron en 2006, es decir, 7.268 vehículos menos, que las devuelven a los registros de 1997. En el caso de los vehículos pesados, las cifras son aún más reveladoras. Con 2.105 camiones diarios es el peor dato desde que se elabora la estadística, en 1990, y supone el 45% menos que los máximos alcanzados en 2002.

Las más golpedas son, precisamente, o más bien, como consecuencia de ello, las que se hallan en procesos concursales. El año pasado, no obstante, lideró las pérdidas de tráfico, con un descenso del 24%, la R-2 que une Madrid con Guadalajara y que, hasta la fecha, no ha solicitado el concurso.

Le siguieron la AP-41 (Madrid-Toledo), con una caída del 22,1%, con tan sólo 1.424 vehículos diarios; la R-5 (Madrid-Navalcarnero), con un descenso del 19,8%; la AP-36 (Ocaña-La Roda), con un 19% menos; la R-4 (Madrid-Ocaña), que perdió el 17,8% de los vehículos cada día; y la R-3 (Madrid-Arganda), con un 16,8% menos. Todas estas autopistas, más la AP-7 que conecta Cartagena y Vera, en la que el tráfico cayó el 10,2%, fueron auspiciadas durante el Gobierno de José María Aznar y han visto cómo la realidad es muy diferente a las previsiones iniciales. Como ejemplos, la R-2 preveía 24.000 vehículos diarios y en 2012 ni siquiera se alcanzaron los 6.000, o la AP-41, con 1.424 coches, frente a los 21.000 estimados cuando se proyectó.

Desde que se desató la crisis económica a finales de 2007, un 27,6% de los vehículos han dejado de utilizar las autopistas de peaje estatales, es decir, más de uno de cada cuatro. Lógicamente, también en esta comparación las carreteras en concurso son las peor paradas. La R-4 ha perdido el 51,6% de su tráfico; la AP-41, el 48,6%; la R-2, el 46,3%; la R-3, el 36,5%; la R-5, el 35,8%; y la AP-36, el 35,1%.

En la actualidad, a las seis autopistas que ya han solicitado el concurso, se suman otras cuatro en riesgo de quiebra y que también aparecen entre las que más tráfico han perdido en los últimos años. Es el caso de la AP-7, que une Valencia y Alicante, con un descenso del 39,8%, y su prolongación entre la capital alicantina y Cartagena, que desde 2007 se ha dejado el 17%. También la Circunvalación de Alicante, que ha cedido el 32,2%, y el Eje aeropuerto (M12), con un descenso del 8,4%, están bajo amenaza.

No sólo las autopistas estatales perdieron tráfico. Las dependientes de los gobiernos de Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia y Baleares también lo hicieron. Al menos, aquellas de las que hay información disponible.

SOLUCIONES

La crisis económica, las subidas de los peajes y de los carburantes, y las numerosas alternativas de transporte (Ave, avión y carretera), han vaciado las autopistas españolas. Desde hace años, tanto el Gobierno socialista como el del Partido Popular buscan soluciones, hasta el momento sin éxito. El Ministerio de Fomento ha articulado algunas medidas para resolver el agujero, como la ampliación de 2012 a 2021 de la compensación por la caída del tráfico y 250 millones en préstamos participativos.

Son sólo un parche y, por ello, estudia nuevas medidas. La que más fuerza gana es, por simplificar, la nacionalización de las diez autopistas con riesgo de quiebra. El plan pasa por constituir una sociedad, con una mayoría del capital público (alrededor del 80%) y dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), entidad del grupo Fomento. Esta firma se quedaría con todas las acciones de las autopistas con problemas, inicialmente a coste cero, tan sólo asumiendo su deuda, que en conjunto se aproxima a los 3.500 millones de euros.

Fomento habría alcanzado ya un acuerdo con los bancos españoles acreedores de estas autopistas, que estarían además dispuestos a realizar una inyección de financiación de 1.200 millones de euros. No tiene, sin embargo, el visto bueno de las constructoras y las concesionarias, a las que el Ministerio les ofrecería el 20% de la nueva sociedad pública.

Otra medida que ha sopesado el departamento que dirige Ana Pastor es elevar el límite de velocidad a 140 kilómetros por hora, y ha descartado, por el contrario, introducir peajes en las carreteras que no los tienen ya. Las concesionarias, por su parte, insisten en la denominada euroviñeta, con la que, según sus cálculos, se recaudarían 3.000 millones anuales.      Fuente