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Quienes creían que la infanta Cristina de Borbón no tenía nada que ver en los asuntos de su marido se equivocaban. El juez José Castro, finalmente, ha imputado a la hija del Rey en el ‘caso Nóos’, tal y como él mismo rechazó en su día cuando lo solicitó el sindicato Manos Limpias.
Lo hace con las últimas pruebas aportadas por Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin (lee aquí el auto completo). Así, la Duquesa de Palma tendrá que declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el próximo 27 de abril para responder a las dudas que se plantean sobre su implicación en las actividades de Urdangarin.
La grieta que se ha abierto en la Monarquía es cada vez mayor, y de ella surgen multitud de cuestiones. Ahora que, por primera vez en España, un miembro de la Corona se va a sentar en el banquillo, la sombra de la renuncia a los privilegios dinásticos se extiende con más fuerza sobre la figura de la infanta. Nadie sabe aún a ciencia cierta si lo hará, pero, de ser así, ¿qué implicaciones tendría?
Existe un vacío legal
En primer lugar, la legislación española no contempla la posibilidad de que un miembro de la Casa Real renuncie a su cargo. Tan sólo el artículo 57.5 de la Constitución Española dicta lo siguiente: «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión de la Corona se resolverán por Ley Orgánica».
Por ello, el primer paso sería entregar un escrito al Rey y al presidente del Gobierno, quien se lo comunicaría a las Cortes españolas (compuesta por las cámaras de Congreso y Senado). Sería en este organismo donde el presidente debería convocar a ambas cámaras para aprobar o denegar la petición. Lo habitual es que se acepte la solicitud de renuncia y que el proceso se lleve a cabo en menos de un mes.
¿Qué implica la renuncia?
Cristina de Borbón no podría perder en ningún caso su título de infanta, ya que es inherente a su persona por ser hija del Rey de España. Sin embargo, su nombre sí se eliminaría de la línea de sucesión al trono (que ahora está en el séptimo puesto), y sus cuatro hijos perderían también esos honores y privilegios heredados.
Además, se le retiraría el título de Duquesa de Palma, así como la asignación económica que percibe por los actos que preside en representación de la Casa Real. Según el desglose presupuestario que publicó la Casa Real, la reina Sofía, la princesa de Asturias y las infantas Elena y Cristina se reparten 375.000 euros al año, aunque nunca se ha especificado qué cantidad le corresponde a cada una.
En cuanto a su marido, Iñaki Urdangarin, mientras siga siéndolo, seguiría recibiendo el tratamiento de honor, igual que su mujer, precisamente por estar casado con una infanta y ser yerno del Rey. Fuente
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