Fianza histórica de 20 millones a Ángel de Cabo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto fianzas récord en la historia judicial a los supuestos urdidores del vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán deberá entregar 30 millones de euros si quiere eludir la prisión, al igual que el exdirector general del grupo, Iván Lossada. Díaz Ferrán está imputado por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible con agravante por ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal por el concurso de acreedores del Grupo Marsans, blanqueo de capitales y falsedad documental. Pero es Ángel de Cabo, el supuesto liquidador de las empresas, el que ha recibido la fianza más alta que se conoce: 50 millones de euros.

El único precedente anterior es la fianza que se le impuso en junio de 1999 al empresario Javier de la Rosa por las cuentas en paraísos fiscales en el denominado caso Kio, hasta entonces considerada la más alta de la historia judicial española. Eran 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros), aunque más tarde fue rebajada a 500 millones de pesetas (tres millones de euros). Ahora, la fianza a Díaz Ferrán se equipara con esta cantidad. Más reciente, y también considerada una fianza alta, fue la cantidad que se le impuso al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, de 15 millones de euros.

El fiscal había pedido para Díaz Ferrán prisión incondicional, pero el juez Velasco ha desestimado esta petición. En su declaración ante el magistrado, el expresidente de la patronal ha negado cualquier implicación en la trama de vaciamiento de sus cuentas, según fuentes de su propia defensa. Díaz Ferrán ha asegurado que él vendió sus empresas del Grupo Marsans por la crisis económica y para no acumular «deudas ni hipotecas». Además, ha atribuido la mala situación financiera del grupo a su antiguo socio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio. Según Díaz Ferrán fue el bloqueo de las cuentas en Suiza en las que había 4,9 millones lo que provocó la situación.

Además, el expresidente de la CEOE ha culpado a Ángel de Cabo del supuesto vaciamiento de las empresas de Marsans. Según el testimonio del empresario, solo conoce a Cabo de la venta de sus compañías y ha asegurado desconocer lo que pudo pasar después.

Al resto de los imputados, se les han decretado las siguientes medidas: fianza de medio millón de euros para los supuestos testaferros de las operaciones Teodoro Garrido, cuñado de Cabo, José Enrique Pardo, y Antonio García Escribano; asimismo, la secretaria de Cabo, Susana Mora, queda libre previo pago de 3.000 euros por colaboración con la justicia. Solo Rafael Tormo no ha recibido ninguna medida cautelar, y queda libre con la obligación de comparecer cada 15 días.

El auto del juez sobre Díaz Ferrán insiste que este y su socio Pascual Arias «acordaron con De Cabo una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades» en los procesos judiciales en que el Grupo Marsans se encontraba inmerso. El imperio de viajes pasó a estar en manos de De Cabo, quien se comprometió «a realizar una serie de pagos» a Díaz Ferrán y Pascual, de los cuales el primero ya «habría recibido varios». De Cabo, a su vez, «habría realizado una serie de operaciones cuyo fin último sería su lucro personal». La estructura de De Cabo está compuesta por un complejo sistema societario para cuya operativa «se vale de una red de colaboradores y testaferros».

Al final, según relata el juez, no solo Marsans, sino también propiedades personales de sus antiguos dueños han acabado en manos de De Cabo o de sus testaferros. El auto explica que cuando este empresario y su entramado de empresas y testaferros nacionales y extranjeros desembarcan en el imperio turístico para solventar sus problemas económicos, «se valen de su posición en beneficio del entorno personal de De Cabo».

La Operación Crucero arrancó tras la denuncia de los empresarios de AC Hoteles, Barceló, Iberojet y otros, que aseguran que los expropietarios del Grupo Marsans realizaron una práctica ilegal por la que Díaz Ferrán había intentado ocultar parte de sus bienes para no pagar las deudas millonarias contraídas con decenas de proveedores. La investigación del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha confirmado la mayoría de los extremos denunciados por las empresas a las que Díaz Ferrán debía más de 400 millones de euros. “Se confirmó lo que decían y hemos ido aún más lejos”, explica uno de los responsables de esta investigación judicial apoyada por el fiscal Daniel Campos y la policía.    Fuente

Detenido Gerardo Díaz Ferrán por alzamiento de bienes

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