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España cambiará la edad mínima para trabajar, contraer matrimonio y emanciparse
España cambiará la edad mínima para trabajar, contraer matrimonio y emanciparse

España cambiará la edad mínima para trabajar, contraer matrimonio y emanciparse

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho este jueves que el Gobierno estudia la reforma del Código Civil para revisar la edad mínima para declarar ante un juez, emanciparse, trabajar, contraer matrimonio y dar el consentimiento para tener relaciones sexuales.

Así lo ha expuesto en el III Foro de encuentro contra el maltrato infantil, la violencia y la explotación sexual de niños y adolescentes, en el que participan profesionales del ámbito de la justicia.

La polémica por la edad de consentimiento se reabrió a raíz del crimen de El Salobral, cuando Almudena, una niña de 13 años, vecina de esa localidad, fue asesinada a manos del hombre con quien había mantenido una relación, Juan Carlos Alfaro, de 39 años.

La edad de consentimiento sexual en España actualmente está en 13 años y es la menor de Europa y una de las más bajas del mundo. Varias ONG de protección a la infancia, como Save The Children o Unicef, y expertos en psicología jurídica ya solicitaron al Gobierno que reabra el debate de la edad de consentimiento para evitar los abusos sexuales a menores. Su recomendación es que la edad se suba hasta los 14/15 años, equiparándola a los países de nuestro entorno.

Por su parte, la ONU ya reprendió a España hace años reprochándole que la edad de consentimiento era “baja” y podía volver vulnerables a los niños ante los delitos sexuales.

Nuevas medidas para la protección de menores

Además, Ruiz-Gallardón ha precisado que los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han constituido un grupo de trabajo para revisar una serie de normas relacionadas con los derechos del niño que “se han quedado obsoletas”, ha explicado. El Consejo de Ministros va a aprobar en las próximas semanas una Ley de Jurisdicción Voluntaria en la que se garantizará la presencia e intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos que afecten a los menores de edad, ha explicado el ministro.

También ha recordado que el Gobierno va a reconocer en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita el derecho a recibirla a los menores de edad cuando sean víctimas de abuso o maltrato, discapacitados físicos y víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos.

El ministro de Justicia ha resaltado que afrontar el problema del maltrato infantil es “un imperativo ético ineludible”, ante el cual “no puede existir ningún tipo de complacencia, ni ninguna actitud de silencio o de ocultación”. Las respuestas no son solamente judiciales, sino que también del campo de la acción social, la educación, la sanidad, la prevención y la rehabilitación, ha apuntado.

En España, los niños protegidos por encontrarse en una situación de riesgo son el 0,6 % del total, frente al 1 % de otros países nórdicos o anglosajones, ha precisado el ministro, quien ha considerado que no hay que darse por satisfecho con esta realidad para evitar un empeoramiento de la situación. Ha reconocido que hay un abanico de situaciones que requieren nuevas respuestas por parte de la Administración del Estado y del poder judicial.

Por ello, ha puesto de relieve la utilidad de este foro, que reúne a jueces, fiscales, forenses, investigadores, juristas, psicólogos, psiquiatras, pediatras y trabajadores sociales, para abordar un problema en el que quedan muchos conceptos por definir y herramientas por diseñar.

En su intervención, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi), Eulalia Palau, ha expresado su deseo de que el maltrato de niños y adolescentes “salga de la oscuridad” y ha apostado por construir todos juntos un buen trato.

Tras manifestar que hay un maltrato infantil que viene de siglos atrás, Palau ha aludido a las nuevas formas de maltrato de los niños que son víctimas de procesos de separación de los adultos o los menores cuyos padres inventan una “fobia escolar” o “acoso escolar”. En estos momentos de crisis económica, la presidenta de Fapmi ha apuntado que “van a salir muchos ladronzuelos, que no son agresores, sino que reclaman su derecho a la alimentación y la supervivencia”.    Fuente

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