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Paralizarán los desahucios en 'caso de extrema necesidad'
Paralizarán los desahucios en 'caso de extrema necesidad'

Paralizarán los desahucios en ‘caso de extrema necesidad’

La Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado hoy que acepta la propuesta del Gobierno para frenar los desahucios en casos extremos, tal y como acordaron el viernes el Ejecutivo y el PSOE para hacer frente a la creciente presión social y el rechazo a las prácticas de las entidades. “Ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios”, la patronal afirma en un comunicado que ha alcanzado un compromiso por el que todos sus miembros paralizarán “los lanzamientos durante los dos próximos años en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.

Por otro, las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros  (CECA), las antiguas cajas de ahorros, también han anunciado que “suspenden la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades”.

La banca no concreta en que consistirán estas circunstancias extremas. En cualquier caso, la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que no será aplicable a las hipotecas que están en proceso de ejecución. Según datos de las entidades, desde 2008 se han ejecutado 172.000 desahucios y están pendientes 178.000 casos más que están en proceso judicial abierto. A estos últimos, el acuerdo sí les podría resolver los problemas si se confirma que paralizan los trámites en marcha.

Según indica la AEB, la medida se toma “por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social”. “El contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica”, añade la nota.

Además, con vistas a los contactos entre los principales partidos para una posible reforma de la banca, la AEB afirma que está “a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos”.

Las  antiguas cajas afirma que “han estudiado caso por caso para ofrecer a los clientes hipotecarios la medida más oportuna, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor, entre otras”.

Antes del anuncio de la CECA varias entidades como Kutxabank o Caja Laboral ya habían anunciado su decisión de suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria. Kutxabank ha concretado que la medida también afecta a las subastas pendientes de inmuebles afectados.

Aunque la multiplicación de desahucios no es un fenómeno nuevo, la publicación en los medios de los suicidios por los desalojos y la mayor presión social ha llevado a los partidos a ponerse manos a la obra para reformar la normativa. También ha motivado a los políticos a moverse rápido la entrada en escena de los jueces y su denuncia de la impunidad que la ley otorga a las entidades —y los abusos en las hipotecas— frente a los clientes.

Los bancos y cajas ya aceptaron en su día a regañadientes el código de buenas prácticas aprobado en marzo de 2012 para frenar las ejecuciones, que rozan las 400.000 desde el inicio de la crisis. El código, en teoría, aumenta la protección contra los desahucios de las familias con todos sus miembros en paro, que tuviesen que destinar más del 60% de sus ingresos a la hipoteca y si no tenían una segunda vivienda. No obstante, solo es de aplicación siempre y cuando el crédito no tuviese garantías reales o personales —esto es, que no estuviesen avaladas por un familiar, por ejemplo—. En caso de existir, los garantes también tenían que cumplir los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales. Esta condicionalidad es la que ha hecho pensar a los grupos políticos que este código no iba a tener efecto para paliar este problema.

De todas formas, según fuentes judiciales, la tardanza desde que se inicia el procedimiento de desahucio y se concluye es superior a los dos años, por lo que todavía no se puede conocer el efecto que haya podido tener el código de buenas prácticas aprobado en marzo.

En la negociación, la banca ha establecido unas líneas rojas. El sector considera que no se debe desincentivar al que está pagando sus créditos porque eso podría elevar la morosidad y provocar enormes problemas financieros. La entidades admiten que lo difícil es diferenciar entre el pícaro que quiere evitar el pago y la situación familiar dramática de quien no puede pagar por problemas imprevistos, como el paro.

También afirman que si se estableciera la dación en pago o se modificaran seriamente las garantías, podría afectar a la cédulas hipotecarias, que son productos financieros basados en los créditos hipotecarios, que ya están vendidos por todo el mundo. “Si las características cambian, podría haber problemas”, advierten. En España hay más de 650.000 millones en hipotecas.

El presidente del Banco Popular, Angel Ron, avisó el sábado pasado que  los cambios en la ley hipotecaria para paralizar los desahucios podría “premiar” el impago y añadir “dificultades” a la recuperación de la economía. “Lo que se haga, que no perjudique a la inmensa mayoría que paga”, aconsejó. Ron concretó que en los últimos tres años Popular sólo ha ejecutado un desalojo y posteriormente procedió a readmitir a la persona afectada.

El Popular ha refinanciado y renegociado desde el inicio de la crisis un total de 50.000 operaciones de crédito hipotecario. Ron además instó a ampliar el código de buenas práctica para hacerlo “mucho más flexible” a las entidades.     Fuente

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